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Huella de carbono y millas de alimentos

2011-12-11T01:26:00.000-08:00

Los alimentos son uno de los productos más transportados en un mundo globalizado. En Estados Unidos viajan una media de 1300-2000 millas (2100-3200 km) para llegar al consumidor (1). Las emisiones procedentes del transporte son, por tanto, un elemento más del conjunto de emisiones que compone la huella de carbono de un producto.
La generalización de la idea de que los alimentos a consumir cuando son producidos a nivel local tienen una menor huella de carbono ha propiciado durante dos décadas importantes debates y ha dado lugar a términos como el de “millas de alimentos”(2) y campañas de compras locales(3). Sin embargo, numerosos trabajos científicos demuestran que la eficiencia en términos de CO2 equivalente en algunas de las etapas que componen la cadena de suministro de un producto procedente de otro país puede ser mucho más importante y compensar con creces las emisiones asociadas con la etapa de transporte, sobre todo si el modo de transporte utilizado no es el avión.
Un trabajo destacado, en el que se recopilan numerosos trabajos científicos, en este sentido es “etiquetado de carbono en la exportación de los países con ingresos bajos: exposición de problemas”, realizado por Paul Brenton, Gareth Edwards-Jones, Michael Friis Jensen (4).
Un ejemplo que se señala en la Guía de las Naciones Unidas para la neutralidad climática son los tomates cultivados en España que se transportaban al Reino Unido, para los que se demostró que podrían tener una huella de carbono menor que los tomates cultivados en el mismo Reino Unido, debido a la energía que se requiere para calentar los invernaderos de este país (1).
Con independencia de la distancia, el elemento fundamental es el modo de transporte. Uno de los trabajos más recientes es el realizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile: “Huella de carbono en productos de exportación agropecuarios de Chile” (5). Este trabajo señala que la contribución a la huella de carbono del transporte marítimo entre países es relativamente baja, pero se transforma en el apartado más destacado de la huella cuando el transporte es aéreo (6).
El transporte puede tener un mayor peso en la huella de carbono, la cadena de suministro de frutas frescas y hortalizas y, en general, productos agrícolas que requieren poca transformación (7, 8, 9). El total de emisiones para dar lugar a los productos agrícolas es considerablemente bajo, así que por definición el transporte será una parte destacada (10), siendo necesario afianzar alternativas al transporte por carretera como el ferrocarril o las autopistas del mar. En cambio, en productos sometidos a procesamiento y refrigeración, como por ejemplo los productos lácteos, el transporte será una parte muy pequeña de las emisiones totales de la cadena de suministros.

(1) GRUPO GERENCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LAS NACIONES UNIDAS.: Guía de las Naciones Unidas para la neutralidad climática, PENUMA, 2008, pág 106.

(2)Tim Lang, profesor de política alimentaria de la City University en Londres, introdujo el término en 1991

(3) La segunda cadena de supermercados más grande de Suiza identificó con el símbolo de un avión los productos que habían viajado en este medio de transporte, con la intención de concienciar a los consumidores acerca de las emisiones de CO2 que dicho transporte implica.

(4) Paul Brenton, Gareth Edwards-Jones, Michael Friis Jensen.: Carbon Labelling and low-income Country Exports: A Review of the Development Issues. Development Policy Review, 2009, 27 (3): 243-267

(5) González Martineaux, S y Tapia Flores, F.: Huella de carbono en productos de exportación agropecuarios de Chile, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Santiago – Chile, mayo, 2010, pág 11

(6)Tanto en términos relativos como absolutos, el aporte a la huella de carbono del transporte por mar, desde Chile, fluctuó entre 0,10 y 0,20 Kg CO2e por unidad funcional si el destino fue Norteamérica; entre 0,14 y 0,20 Kg CO2e por unidad funcional si el destino fue Europa, pero la contribución a la huella de carbono de los productos transportados por vía aérea excedió los 5 kg CO2e por unidad funcional.

(7) VICTORIA JUMILLA, F.: Eco-responsibility Initiative: “Murcian Agriculture as a CO2 Sink”. LessCO2 label, en Conference Presentantion “Murcian Agriculture as a CO2 Sink”. Berlín, 2010. Disponible en: www.lessco2.es

(8) VICTORIA JUMILLA F et al.: “Balance de carbono en cultivos de agricultura intensiva”, en Etiquetado de carbono en las explotaciones y productos agrícolas. La iniciativa agricultura murciana como sumidero de CO2. Consejería de Agricultura, Murcia, diciembre de 2010.

(9) VICTORIA JUMILLA, F., COSTA GÓMEZ, I y CASTRO CORBALÁN, T.: El etiquetado de carbono de los productos agrícolas para valorar los beneficios ambientales de la agricultura, en CONAMA, 2010.

(10) Si toda la producción de una hectárea de frutas u hortalizas se traslada por carretera a 2.000 kilómetros de distancia el transporte puede suponer entre el 30 y el 40% de la huella de carbono.

Compensaciones para la agricultura por contribuir a la mitigación del cambio climático

2011-06-10T05:29:00.000-07:00

El día 1 del pasado mes de abril se presentó al Congreso de los Diputados una proposición no de Ley sobre sumideros naturales en la lucha contra el cambio climático (véase Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de abril de 201,página14).
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_558.PDF

En su exposición de motivos esta proposición no de ley considera fundamental el reconocimiento del papel que juegan muchas especies agrícolas como sumideros de CO2 y la aportación que pueden jugar, en la lucha contra el cambio climático: “si se mejoran algunas prácticas culturales en la gestión agrícola. Muchas extensiones agrícolas de nuestro país constituyen verdaderos bosques agrícolas de fijación de carbono, como es el caso de los monocultivos de olivar, del plátano, de vid, de cítricos... que se dan en amplias áreas agrícolas del territorio español. Ligar buenas prácticas ambientales a la producción agrícola mejoraría los rendimientos de las explotaciones, ya que al beneficio productivo se le pueden sumar ayudas por el secuestro efectivo del carbono a largo plazo.

Esta línea se enmarca en las conclusiones del Informe al Consejo Europeo de Reflexión sobre el futuro de la UE. En este sentido, se recomienda la reorientación de los recursos de la PAC hacia una agricultura y una ganadería más ecológicas y de captación de CO2 en los suelos mediante modificaciones de las prácticas agrícolas, que incrementarían el secuestro del carbono”.

La proposición no de ley concluye proponiendo que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a: “Establecer un sistema de información sobre las variaciones de los stocks de carbono de todas aquellas extensiones agrícolas existentes en nuestro país, por su papel fundamental de absorción de CO2, en especial las dedicadas a cultivos leñosos, con el objeto de facilitar el posible establecimiento de un sistema para la obtención de ayudas agroambientales orientadas al secuestro de carbono”.

Esta proposición no de ley recoge la opinión científica mayoritaria de que la mayor parte de los cultivos agrícolas, y especialmente los frutales deben considerarse auténticos sumideros temporales de CO2.

El almacenamiento neto o capacidad de sumidero varía de unos cultivos a otros dependiendo de su tasa de fijación de CO2 y del nivel de emisiones realizado, que, a su vez, depende de las prácticas agrícolas utilizadas.

En este sentido, podemos encontrar una referencia reciente en el trabajo de Eduardo Primo, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), que cita el Diario Levante de Valencia del 5 de mayo. El trabajo llega a la conclusión de que “una hectárea de cítricos en plena producción capta entre 20 y 25 toneladas anuales de CO2”. En el trabajo se afirma que una vez descontado el carbono contenido en la cosecha y el que requieren las labores del cultivo, el balance final es positivo y alcanza valores situados entre 5,5 y 9 toneladas de CO2 "netas" capturadas al año por cada hectárea de cítricos en plena producción.
Una síntesis del informe puede descargarse en la Web www.agriculturasostenible.org en concreto en la siguiente dirección:
http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=2190&te=&idage=&vap=0&codrel=9816

Este trabajo del IVIA engrosa la larga lista de referencias de científicos, organizaciones e instituciones diversas que han realizado estimaciones cuantitativas de la capacidad de sumidero de CO2 de los cultivos.

Así, en la reunión de científicos, técnicos y expertos convocados por la Asociación España-FAO (AEFAO) en Madrid el 6 de mayo de 2009, para ayudar a contestar la cuestión ¿puede incluir la futura PAC ayudas a la agricultura por su función de sumidero de CO2?’, presidida y moderada por Jaime Lamo de Espinosa, catedrático UPM, se obtuvieron algunas conclusiones en este sentido: “deducido el CO2 desprendido en su realización (labores y operaciones culturales, fabricación de abonos y fitosanitarios, producción de semillas, etc.), los cultivos agrícolas deben considerarse auténticos sumideros de CO2. El resultado neto de su efecto sumidero puede variar entre 2 y 4 t/ha en los cereales de invierno en secano y de 5 a 10 t/ha en los cultivos de regadío”.

La universidad de Córdoba ha desarrollado desde hace años una intensa labor investigadora, determinando que el suelo del secano andaluz con cultivos como trigo, girasol, habas y garbanzos viene secuestrando entre 3 y 4 toneladas de CO2 al año por hectárea (vida rural nº 15 de 2008 y 302 de 2010). También son de gran interés los trabajos realizados por Rodolfo Canet Castelló del Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible del IVIA.
Pero quizás los trabajos más amplios han sido los iniciados en 2009 por la Comunidad Autónoma de Murcia.

Esta Administración puso en marcha la iniciativa Agricultura Murciana como sumidero de CO2, un acuerdo voluntario que a partir de la determinación de los balances de carbono de las explotaciones agrarias solicita compromisos voluntarios para la reducción de las emisiones y el incremento del secuestro o remoción de CO2 (www.lessco2.es). A lo largo de 2009 las Universidades de Murcia y Cartagena, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, realizaron los trabajos de base para determinar la fijación de CO2 por los cultivos. Los resultados por ejemplo para el naranjo son muy parecidos a los determinados recientemente por el IVIA de Valencia. La universidad de Cartagena estimó el flujo neto de CO2 aplicando la técnica de la covarianza de remolinos en 20 toneladas hectárea y año y el CEBAS utilizando métodos destructivos (arranque de árboles) lo estimaron en 20,5 .

El mes de febrero de 2010, en la feria hortofrutícola de más proyección internacional, Fruit Logistica 2010, que se celebra en Berlín, la Región de Murcia presentó la puesta en funcionamiento de este acuerdo voluntario para impulsar la responsabilidad social corporativa de las empresas agrícolas con el cambio climático.

Los primeros resultados certificados por un verificador acreditado de los balances de CO2 equivalente, es decir la captura o remoción de CO2 de la vegetación menos las emisiones de CO2 equivalente necesarias para su cultivo se pueden ver en la web www.lessco2.es.

En la iniciativa puesta en marcha en Región de Murcia para determinar el balance de emisiones y remociones de CO2 (balance de carbono) de una explotación dedicada al cultivo agrícola, parten de la fijación de CO2 (remoción) determinada por las investigaciones llevadas a cabo por las dos Universidades públicas de la Región, por el CEBAS CSIC y por el IMIDA, a la que le restan las emisiones de CO2 equivalente necesarias para su producción.

La metodología aplicada para el cálculo de las emisiones de CO2 equivalente en estas explotaciones agrícolas ha sido la propuesta por la Norma ISO 14064, que, al igual que el GHG Protocol, señala que para el cálculo del balance de carbono hay que contemplar obligatoriamente las emisiones directas de CO2 equivalente (consumo de combustible para el procesado en campo del cultivo, en las que se incluye el labrado y demás intervención de maquinaria, así como los óxidos de nitrógeno procedentes de la desnitrificación en el suelo del abonado nitrogenado aportado) y las indirectas debidas a la compra de energía eléctrica.

Los factores de conversión utilizados son los publicados por el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) y por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el Inventario Nacional de Emisiones.

A modo de ejemplo, teniendo en cuanta los datos de CO2 contenidos en el incremento anual de raíces, tronco y ramas principales (no poda) de cultivos de melocotoneros publicados por la Región de Murcia, investigaciones realizadas por el IMIDA) cifradas en 12,3 Toneladas CO2 por hectárea y año (sin incluir las 7 toneladas de CO2 contenidas en la cosecha ni las 6 contenidas en la poda anual) y restando las emisiones necesarias para su cultivo (2,4 toneladas CO2 equivalente por hectárea y año ) estimados, igualmente, a partir de los datos publicados se obtiene un balance de carbono de 9,9 toneladas CO2 por hectárea y año. Es decir, este sistema agrícola mantiene un depósito de carbono que se ha ido incrementando cada año como media en 9,9 toneladas CO2.

La agricultura tiene aun unas enormes posibilidades de mejorar su balance reduciendo sus emisiones. Pensemos que en las 2,4 toneladas de emisión de CO2 equivalente por hectárea y año del ejemplo anterior la desnitrificación del abonado nitrogenado que da lugar a emisiones de óxido nitroso N2O (298 veces mas potente que el CO2) es un 55%, las emisiones por combustible para la utilización de maquinaria supone un 36% y el consumo de energía eléctrica, aunque varía de una explotación a otra, es como media un 9%.

No menos destacable serían las posibilidades de mejora de balances mediante el incremento de su capacidad de sumidero. Pensemos por ejemplo que una parte de las 6 Toneladas de CO2 por hectárea y año que no hemos tenido en cuenta y que corresponden a la poda anual del cultivo de melocotoneros se incorporara al suelo incrementando su contenido en carbono.

En este sentido, segun Brady y Weil, (Elements of the Nature and Properties of Soils, 2/E. Ed. Pearson Prentice Hall, N.J. 2004), un año después de agregar los residuos vegetales a la tierra, de una quinta a una tercera parte del carbono contenido en estos permanece en el suelo, ya sea como biomasa viva o como el humus del suelo.

Rodolfo Canet Castelló del Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible del IVIA en su trabajo “Mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura y la ganadería” señala que de 3513 kilos por hectárea de restos verdes procedentes de la poda del naranjo, 878 se incorporan como materia orgánica del suelo, ahorrando además un 17-18% de las necesidades de nitrógeno de los cultivos.

En el trabajo de Eduardo Primo investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias se habla de que hasta un 40% del carbono procedente de los restos orgánicos que se incorporan al suelo permanece en el mismo después de un año.

En cualquier caso, cada explotación agrícola que consiga incrementar un 1% de materia orgánica en los primeros 25 centímetros de una hectárea de suelo habrá secuestrado 80 toneladas más de CO2.

Durante 10 años una hectárea de melocotoneros habrá almacenado en la raíz, tronco y ramas principales de los árboles unas 123,5 Toneladas de CO2, si se perdiera este cultivo se liberarían de golpe a la atmósfera. Si no se aprovecha esta biomasa y se inicia un nuevo cultivo empezaría de nuevo el ciclo para llegar a acumular gracias al crecimiento de los árboles, una vez alcanzados los diez años, un total de 123,5 Toneladas de CO2.

El servicio ambiental prestado durante una década por esa hectárea de melocotoneros que mantiene un depósito de carbono en la vegetación de 123,5 toneladas de CO2 es muy importante, pero más aun lo es cuando mediante diferentes prácticas podemos conseguir que el carbono quede inmovilizado a más largo plazo en forma de materia orgánica en el suelo.

Todos estos sencillos ejemplos muestran algunas de las posibilidades que puede tener la agricultura si se le compensa por los servicios prestados en mitigación del cambio climático.

El CO2 es un gas que tiene un mercado. A modo de referencia se puede citar que como media de los últimos treinta días la tonelada de CO2 está a 16,3 euros en la bolsa española de CO2 (www.sendeco2.com).

En este mercado no pueden comercializarse las toneladas de CO2 reducidas por la agricultura, pero existen los llamados mercados voluntarios y otras posibilidades para el futuro, como por ejemplo la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (BOE nº 163 de 6-7-2010), en su Disposición adicional quinta denominada «Proyectos domésticos» destinada a la Reducción de gases de efecto invernadero procedentes de actividades no sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, señala:
“1. Se articulará un mecanismo para la expedición de derechos de emisión o créditos en relación con proyectos ubicados en el territorio nacional para reducir emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de actividades que no están sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión. Reglamentariamente, y previa consulta de la Comisión de Coordinación de Políticas sobre el Cambio Climático, se establecerán los términos concretos de este mecanismo, que se ajustará a la normativa comunitaria sobre esta materia, y que se aplicará sin perjuicio de otras medidas estratégicas para reducir emisiones procedentes de dichas actividades contempladas en la normativa vigente.
2. En ningún caso se permitirá la expedición de derechos de emisión o créditos que supongan un doble cómputo de reducciones de emisiones.
3. Igualmente, podrán articularse otros sistemas de comercio de emisiones al margen del régimen comunitario, con el fin de favorecer una reducción de gases de efecto invernadero en las actividades no sujetas al mismo”.

Otras posibilidades interesantes para la agricultura en este sentido pueden ser las avanzadas por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE nº 55 de 5-3-2011) que en su artículo 90 destinado a la compensación de emisiones señala:

“1. Las empresas y personas físicas que así lo deseen podrán compensar sus emisiones de CO2 a través de inversiones en incremento y mantenimiento de masas forestales, programas agrarios de reducción del CO2 y otros programas que se establezcan por la Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónoma”..
Igualmente, en su artículo 89 dedicado a impulsar la capacidad de absorción de los sumideros españoles podemos encontrar otra referencia la agricultura:
“3. Asimismo, las Administraciones públicas, promoverán medidas específicas para reducir las emisiones procedentes de los sistemas agrícolas a través de, entre otros, el fomento de prácticas agrícolas, ecológicas y sostenibles”.

Pero sin duda la opción más importante es que la Politica Agraria Comun (PAC) incluyera una compensación por la prestación de este tipo de servicios ambientales.

Iniciativas parlamentarias y huella de carbono

2011-04-29T03:55:00.000-07:00

La “huella de carbono” (carbon footprint, en inglés), quizás por conectar con la principal preocupación ambiental de los ciudadanos, es uno de los indicadores que ha alcanzado mayor difusión.
En el mundo empresarial, su cálculo permite la comunicación de esfuerzos voluntarios en responsabilidad ambiental, así como fomentar la ecoeficiencia y el benchmarking empresarial. La huella de carbono es ya un instrumento diferenciador en los mercados internacionales. Competir con seguridad en estos mercados exige el aprendizaje y desarrollo de este instrumento.
El pasado 6 de abril, invitado por el Instituto Tomas Pascual Sanz y la Universidad de Burgos, participe en una Jornada sobre Sostenibilidad en la Industria Alimentaria. En mi intervención dedicada a la huella de carbono comenté que junto a las razones antes aludidas había que añadir la de que el CO2 tiene precio y genera un enorme comercio internacional de derechos de emisión y unidades equivalentes, por lo que esta herramienta está despertando un enorme interés entre profesionales, empresas e instituciones de nuestro país, pero que hasta el momento carecíamos de directrices de la Administración Ambiental Europea o Nacional sobre la metodología a utilizar. Señalé que por todo esto los organismos no gubernamentales, como el World Resources Institute y otros dedicados a la normalización, han intentado cubrir este vacío de regulación por parte de las administraciones ambientales, normalizando o procedimentando la elaboración de la huella de carbono.
De las metodologías existentes a nivel internacional para el cálculo de la huella de carbono de una organización, el GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol, desarrollado por el World Resources Institute y el World Business Council) y la Norma ISO 14064 son muy adecuadas para una organización. Más complejas son las orientadas a la huella de carbono de un producto. Entre éstas son muy conocidas las establecidas por la British Standards Institution, poco adecuadas, quizás por ser muy generales, para sectores empresariales basados en la biomasa como el agrícola.
Por ejemplo, para valorar adecuadamente la capacidad de remoción o secuestro de CO2 que caracteriza a la agricultura, la Norma de la British Standards Institution (BSI), PAS (Especificación Públicamente Disponible) 2050 Assessing the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services, no parece la más adecuada. Ni siquiera se considera el almacenamiento de carbono que se produce en los suelos agrícolas. La PAS 2050 reconoce el importante papel del suelo en el ciclo del carbono, como fuente y sumidero; sin embargo, no lo tiene en cuenta porque señala que hay una incertidumbre elevada acerca del impacto de las distintas técnicas de los sistemas agrícolas”. Por esta razón, señala: las emisiones y el secuestro procedentes de los cambios de carbono en el suelo están fuera del alcance de esta PAS. La inclusión del almacenamiento de carbono en el suelo será considerada en futuras revisiones de esta PAS.
Esta falta de regulación por parte de la administración da también lugar a la utilización de factores de conversión no contrastados. Pensemos, por ejemplo, en la dificultad de admitir factores de conversión de las denominadas “otras emisiones indirectas” (distintas de las de responsabilidad directa de la organización y distintas de las indirectas por el consumo de energía) como pueden ser envases u otros imputs procedentes de países asiáticos. Por esta razón es fundamenta que se disponga de bases de datos oficiales. Las bases de datos de factores de conversión creadas por la propia administración existen en países como Francia (Bilan Carbone).
En mi intervención señalé la presentación en apenas tres meses de dos iniciativas parlamentarias que planteaban la necesidad de que las administraciones impulsaran la huella de carbono, pero sobre todo, y lo mas importante, dos iniciativas que van en el sentido de que se homogenicen cuanto antes los criterios con los que se elabora y comunica la huella de carbono.
La necesidad de impulsar este tipo de instrumentos ya venía recogido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE nº 171, de 19-7-2006), que establece en su disposición adicional duodécima, titulada difusión de información ambiental por operadores económicos, un mandato a la Administración para que promueva este tipo de información empresarial, señalando que “Las Administraciones Públicas promoverán que los operadores económicos, cuando no estén legalmente obligados a ello, informen periódicamente al público sobre aquellas de sus actividades o productos que tengan o puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente”.
La huella de carbono como instrumento de mercado contribuye a adelantar la progresiva implantación de una economía baja en carbono entre las empresas. Pero, sin duda, el aspecto más urgente es la necesidad de una intervención de las administraciones para establecer los criterios metodológicos con los que se debe abordar.
De estas dos iniciativas ante el Congreso de los Diputados, la primera en hacerlo, enfocada a los productos, fue la presentada el 1 de diciembre de 2010, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) como Proposición No de Ley para impulsar que en el etiquetaje de los productos se incluyan datos relativos a su impacto en el calentamiento global. La Proposición señalaba que la multitud de iniciativas puestas en marcha en este sentido, hace necesario que se ponga orden y se homogeneicen los criterios de medición, para asegurar que la información facilitada resulta fiable y para evitar la confusión entre los consumidores. Pequeñas discrepancias en el modo de análisis podrían suponer diferencias significativas en los resultados ofrecidos.
En concreto la Proposición no de Ley instaba al Gobierno a:

- “Impulsar en el seno de la UE el establecimiento de criterios homogéneos para la medición del impacto ambiental de los productos en cuanto a emisiones de CO2”.

- Cooperar con las Comunidades Autónomas para que fomenten que el etiquetaje de los productos incorpore información relativa a su impacto en cuanto a emisiones."

El 28 de marzo de 2011 el Grupo Parlamentario Socialista presentaba, igualmente, una Proposición no de Ley sobre la huella de carbono para su debate en el Pleno con la misma preocupación sobre la necesidad de establecer criterios homogéneos, señalando que la huella de dióxido de carbono es una nueva herramienta muy potente que permite conocer el impacto que la producción de determinados bienes y servicios, o las propias organizaciones, tiene sobre las emisiones de CO2. Ello es fundamental para articular acciones de mitigación coste-eficientes y verificables. Sin embargo, dado que las metodologías para el cálculo son múltiples y variadas, resulta necesario elaborar directrices que permitan asegurar su transparencia y comparabilidad.

En concreto, en esta Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se propone que "El Congreso de los Diputados inste al Gobierno a elaborar una guía con las directrices aplicables al cálculo de la huella de dióxido de carbono, tanto de productos, como de instituciones y empresas, para asegurar la transparencia y comparabilidad de la información del impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades económicas. La elaboración de esta guía corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, previa consulta al Consejo Nacional del Clima y la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático."
Como comunicación de la responsabilidad social corporativa aplicada al cambio climático, la huella de carbono a nivel de organizaciones se ha introducido con fuerza, lo mismo que a nivel de productos. Sin embargo, para los productos se plantea la opción de la huella multicriterio que tenga en cuenta otros impactos sobre el medio ambiente, además de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con independencia de este debate, que estudiaremos en otro momento, muy centrado en los productos de alimentación, la huella de carbono ha demostrado ser un excelente indicador para ayudar a mitigar el cambio climático y por esta razón debe impulsarse la armonización de criterios desde la Administración Ambiental del Estado, con la consulta del Consejo Nacional del Clima y con la participación de la Comunidades Autónomas, a través de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
La huella de carbono es un indicador muy claro para ir midiendo los avances hacia una economía baja en carbono, de enorme interés para reducir la dependencia energética exterior y el déficit comercial de países como España. Aquí más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a actividades que no tienen ningún tipo de obligación respecto a sus emisiones. Si queremos que voluntariamente reduzcan su contribución, tenemos que brindar la oportunidad de que se pueda medir y comparar. Sin medir no es posible reducir.

Contaminación atmosférica y urbanismo

2011-03-31T09:11:00.000-07:00

Con el otoño empezaron a llegar los anticiclones y se dispararon los niveles de contaminación atmosférica en las ciudades. La polémica ha generado miles de noticias y en ella han participado administraciones, ciudadanos y organizaciones y colectivos médicos. Hace meses, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) señaló que la contaminación del aire urbano causa el triple de fallecimientos que los accidentes de tráfico y "casi 10 veces más muertes" que los accidentes laborales. Además, es causa del aumento del número de ingresos hospitalarios por patologías respiratorias, la aparición de alergias, las enfermedades respiratorias tempranas en niños, la pérdida de función pulmonar en mayores e incluso el cáncer de pulmón.

Ahora, al terminar el mes de marzo, el debate sobre la contaminación atmosférica urbana y sus efectos sigue de actualidad y ayer fue el turno de un grupo de trescientos médicos (oncólogos, especialistas en cirugía torácica, radioterapeutas e investigadores básicos de todo el Estado) que alertaron de que la alta tasa de contaminación de las ciudades incrementa un 20% el riesgo de padecer cáncer de pulmón.

La Unión Europea ha hecho pública, recientemente, su apuesta por desterrar los medios de transporte impulsados por gasolina y diésel y la titular del Ministerio de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, anunció ayer la intención de la Administración española de poner en marcha varias iniciativas para combatir los principales contaminantes atmosféricos urbanos: las partículas en suspensión (PM), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono. Por el momento, no hay nada concreto y se anuncia la definición de los protocolos de actuación en dos o tres meses. En cualquier caso, esta es una batalla difícil porque toda la intervención administrativa y la normativa que la regula no ha estado diseñada para la causa que la origina: el tráfico.

La normativa en materia de contaminación atmosférica está orientada desde su nacimiento en 1972, con la derogada Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, hacia el control de las fuentes de contaminación de carácter fijo, es decir, la contaminación de origen industrial.

En estos 40 años la responsabilidad de la contaminación se ha decantado claramente hacia una fuente difusa que es el tráfico rodado, y dentro de éste el generado por el vehículo privado.

Para el control de la contaminación aportada por el tráfico, compuesto por millones de fuentes individuales, no sirve de nada un esquema como el de la normativa actual basada en la autorización de actividades y el control periódico de sus emisiones.

Durante años la normativa europea ha ido reduciendo progresivamente los límites de emisión de contaminantes con los que se autorizaba la puesta en el mercado de vehículos nuevos. Sin embargo, la mejora aportada por estos nuevos vehículos menos contaminantes ha sido neutralizada con la presencia de muchos más vehículos en nuestras ciudades. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo de renovación del parque automovilístico es de, al menos, 10 años.

En nuestro país, hace décadas, una pequeña ventaja fiscal primó la presencia de vehículos diesel, mucho más contaminantes, generadores de las peligrosas partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 micras de diámetro, conocidas como PM10 y otras de tamaño inferior. Las que tienen un diámetro igual o inferior a 2,5 micras pueden llegar hasta los pulmones, las partículas ultrafinas, con un diámetro igual o inferior a 0,1 micras, pueden llegar a pasar del alvéolo pulmonar a la sangre.

De estas peligrosas partículas en suspensión los vehículos diesel emiten seis veces más que los de gasolina. Desde 2009 son más del 50% del parque de turismos de España y se irá incrementando su presencia en nuestras calles ya que suponen el 70% de las ventas actuales.

La obligación de medida de los niveles de contaminación en las ciudades y los límites que señalan los efectos de ésta sobre la salud vienen establecidos por la normativa comunitaria, periódicamente actualizada, y han sido incorporados a derecho interno en sucesivas ocasiones. La última ha dado lugar al Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

En cumplimiento de estas obligaciones de medida, desde hace años, las Comunidades Autónomas destinan elevados recursos económicos manteniendo las denominadas Redes de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica, cuya función es la generación y suministro de información.

Desde mi punto de vista, el responsable último de la contaminación atmosférica en las ciudades es el urbanismo. La presencia del vehículo privado ha crecido exponencialmente en las ciudades, generado por un modelo urbanístico que no sólo no se ha diseñado para minimizar la movilidad y las necesidades de transporte, sino que, muy al contrario, produce movilidad obligada al desplazar potentes centros de actividad a la periferia de las ciudades.

En este sentido, se pueden poner como ejemplo los polígonos industriales, las ciudades sanitarias y los grandes centros de ocio en el entorno de nuestras ciudades que, después de años e incluso décadas, siguen careciendo de modos de transporte alternativos al vehículo privado.

Estos ejemplos y las características de la normativa sobre contaminación atmosférica que, como hemos señalado, está en gran medida orientada a controlar las fuentes de contaminación fijas o industriales, cuando su incidencia sobre la calidad del aire es mucho menor que la producida por el tráfico rodado, deben obligarnos a diseñar su control desde el marco del urbanismo y de la gestión municipal del tráfico.

Arquitectura baja en carbono. Arquitectura ecoeficiente.

2010-12-31T14:51:00.000-08:00

En edificación la mayoría de los sistemas y estrategias constructivas utilizadas tienen un alto coste ambiental. Sin embargo, existe todo un conjunto de soluciones y estrategias, hasta ahora poco utilizadas, que podemos considerar ecoeficientes, ya que además de ser más ventajosas ambientalmente son más competitivas desde el punto de vista económico, tanto para la fase de construcción como durante el funcionamiento de los edificios.
El sector residencial constituye una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y especialmente a lo largo de la vida útil de los edificios (en total tres veces más que en la fase de construcción).
Se manejan como datos razonables unas emisiones próximas a los 500 kg de CO2 por m2 construido asociadas a la fabricación de los materiales necesarios para su construcción y, entre 20 y 40 kg de CO2 año por m2 asociados al mantenimiento del edificio (calefacción, climatización, iluminación , aparatos eléctricos y cocina). Las emisiones asociadas al uso, a lo largo de la vida útil del edificio, dependen, entre otros, de la edad y tipo de edificio y de su adecuación bioclimática.
Es difícil determinar con precisión cual es la contribución a las emisiones totales de CO2de nuestro país del sector de la edificación, porque los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero no desagregan al nivel del uso residencial. Por otra parte, la vivienda es responsable de emisiones directas por consumo de combustibles fósiles (principalmente por calefacción) y, sobre todo, indirectas como consecuencia del consumo de electricidad, cuyas emisiones se generan y por tanto estarán contabilizadas en las centrales de producción de energía eléctrica.
Partiendo de la información generada por el IDAE y el último Inventario Nacional de gases de efecto invernadero publicado, el referido al año 2008, el Club de Excelencia en Sostenibilidad (Estudio para impulsar proyectos domésticos de reducción de emisiones de CO2 en España. Diciembre de 2010) estima las emisiones debidas al sector residencial para el año 2008 en 49,7 millones de toneladas de CO2. De éstas corresponden: 18,6 a calefacción; 13,2 a agua caliente sanitaria; 3,4 a energía necesaria en la cocina; 3 a iluminación; 0,6 a aire acondicionado y 10,8 a electrodomésticos. A su vez del total de 49,7 millones de toneladas, las emisiones directas por uso de combustibles fósiles serían unos 25 millones de toneladas y las emitidas en las centrales generadoras de energía eléctrica por el consumo eléctrico de las viviendas, 24,6.
En nuestro País la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, obliga solo a algunos sectores de actividad como el de producción eléctrica, cemento, cerámica vidrio, y en cuanto al transporte, solo a la aviación. El resto de sectores no están obligados a participar en el régimen del comercio de derechos de emisión y son conocidos como sectores difusos. Dentro de los llamados sectores difusos, el sector residencial es tras el transporte por carretera el segundo gran responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La edificación deber ser vista, además, como un sector que va a resultar fuertemente presionado por las políticas de lucha contra el cambio climático y, en consecuencia, debe de ir internalizando las estrategias que le permitan ser lo más ecoeficiente posible.
La Unión Europea, mediante su Decisión nº 406/2009/CE, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DOUE nº L 140 de 5-6-09), ha impuesto como objetivo para el año 2020 reducir el 10% de las emisiones de los sectores difusos con respecto al año 2005, entre los que se encuentra el sector de la edificación. Esta reducción aplicada a nuestro país supone 26 millones de toneladas de CO2.
Tarde o temprano estos compromisos se traducirán en obligaciones legales como ya se empezaron a reflejar en el nuevo Código Técnico de la Edificación. En cualquier caso, la edificación ha de adaptarse cuanto antes a las nuevas pautas de comportamiento de lo que se ha venido a llamar economía baja en carbono.
Por otra parte, el stock edificado, especialmente el construido entre los años 50 y 70 como consecuencia de la migración del campo a la ciudad, es mucho menos eficiente que las viviendas actuales (se estima que supone el doble de emisiones para conseguir los mismos objetivos de habitabilidad). En el sector residencial en su conjunto la carga de CO2 es muy importante, pero más aún en estas viviendas de baja calidad. De hecho, esta es una de las medidas contra la crisis económica que se están trabajando desde hace dos años en numerosos foros (Congreso Nacional de Medio Ambiente, La Sustainable Building Conference, SB10mad y el Congreso Internacional Ciudad y Arquitectura CIBARQ 10 centrado en la reducción del consumo de energía y emisiones de CO2, entre otros) y se plasma en numerosas iniciativas legislativas: Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 que entró en vigor en diciembre de 2008 y Proyecto de Ley de Economía Sostenible).
Disponiendo de buenas prácticas y experiencias de éxito se facilitaría la introducción de criterios ambientales en los proyectos. Si podemos identificar aquellos ejemplos que, además de tener nulas o reducidas emisiones de CO2, son favorables desde el punto de vista económico, estaremos creando las bases para generar un legado edificado más sostenible.
Para difundir las ventajas competitivas de esta nueva concepción de la arquitectura (tanto para los nuevos edificios como para la regeneración de los existentes), es imprescindible que se cuantifiquen la reducción en las emisiones de CO2 y el ahorro económico y, por tanto, el interés que presenta para todos los agentes implicados en la edificación, promotores, técnicos, constructores, usuarios etc.
Este es un objetivo perseguido por numerosas instituciones y que ocupa espacios en las más importantes revistas y Web del sector y ha sido objeto de numerosos foros nacionales e internacionales. Como ejemplo en esta dirección quiero comentar el trabajo realizado por el equipo de arquitectura BLANCAFORT-REUS para el departamento de cambio climático de la Comunidad Autónoma de Murcia y que puede ser consultado en http://www.ecorresponsabilidad.es/sala.htm
En este trabajo se pueden encontrar ejemplos de ecoeficiencia sin necesidad de inversiones adicionales, simplemente teniéndolo en cuenta en la concepción del proyecto, como, por ejemplo, la orientación del edificio. En este caso, se comparan edificios con ventanas de la sala y habitación principal orientadas al sur con edificios con una orientación norte suponiendo un ahorro energético equivalente a 348,3 €/año y evitando unas emisiones de 1.178 kg de CO2/año (equivalente a las emisiones de CO2 que genera un vehículo de tamaño medio que fuera utilizado para desplazarse al trabajo a 10 km de distancia durante un año).
Otro ejemplo que se puede encontrar en este trabajo es el de utilización de galerías acristaladas orientas al sur. En este caso el ahorro anual es de 463 €/año y en las emisiones de CO2 de 1.566 kg.
Esto son solo dos ejemplos que muestran que una buena orientación del edificio permite un buen ahorro energético y económico importante. Todo esto no es nuevo, es bien conocido por los profesionales y ha sido objeto de la arquitectura bioclimática durante décadas.
La recuperación de estas y otras tantas ideas de la arquitectura bioclimática permitirían, por un lado colaborar en la mitigación del cambio climático reduciendo emisiones, y por otro adaptar mejor la edificación y las ciudades resultantes a los previsibles impactos como consecuencia del incremento de la temperatura.
Quiero terminar recordando que muchas prácticas que hoy son ecoeficientes durante tiempo no lo han sido por razones económicas. Por ejemplo, el derribo de un edificio mezclando todos los residuos sin aprovechar los recursos (madera, metales, áridos, etc.) y su eliminación en vertedero, era más ventajoso económicamente que el proceso de deconstrucción, en el que ordenadamente se recupera la madera, los metales y en definitiva todos los materiales aprovechables, ya que se requería más mano de obra y la venta de estos recursos no suponía ingresos sobresalientes. Con la penalización de la llegada de residuos mezclados y potencialmente reutilizables a los vertederos, junto con el encarecimiento de los costes de los materiales, hoy la deconstrucción es más rentable y ha pasado a ser ecoeficiente.

El año 2011 nace con un incremento en el precio de la energía eléctrica de un 10% y la tendencia, tanto para la energía eléctrica como para el conjunto de combustibles fósiles, es que sigan incrementando su precio, lo que convertirá en ecoeficientes muchas de las medidas que nos ayudarán a alcanzar una arquitectura y un urbanismo bajo en carbono.

El comercio de carbono instrumento financiador de proyectos innovadores en energías renovables

2010-11-18T05:39:00.001-08:00

Convocatoria de subvención: 4.500 millones de euros para energías renovables y nuevas tecnologías para almacenar carbono

Los 4.500 millones de euros se derivan de los trescientos millones de derechos de emisión que la normativa europea de comercio de carbono obliga a destinar para este tipo de proyectos innovadores.

19 de noviembre jornada informativa, destinada a explicar esta convocatoria, que se puede seguir desde Internet.

Entre 2008 y 2009 se han aprobado directivas como 2008/101/CE, 2009/29/CE que han modificado la directiva que dio origen a la legislación sobre el comercio de derechos de emisión (Directiva 2003/87/CE).

Los cambio introducidos por esta normativa que ha obligado a modificar en nuestro país la Ley 1/2005 que regula el comercio de derechos de emisión mediante la Ley 13/2010, han generado importantes novedades, entre ellas, la introducción de nuevos sectores como la aviación, el establecimiento de un régimen de subasta de derechos de emisión como elemento básico de los métodos de asignación de derechos y la transformación de la asignación gratuita hacia un régimen transitorio. Pero también ha introducido multitud de estrategias quizá menos conocidas, entre las que se puede destacar el compromiso de asignar reservas de derechos de emisión para fomentar los proyectos de demostración de tecnologías innovadoras tanto en captura de CO2 como en energías renovables. Este aspecto se desarrolla en el punto 8 del artículo 10 bis de la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 23 de abril de 2009 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este apartado establece que estarán disponibles hasta diciembre de 2015 hasta trescientos millones de derechos de emisión con este objetivo.

Los trescientos millones de derechos de emisión al precio que actualmente tiene la tonelada de CO2 en la bolsa española de CO2 (SENDECO2) que es de 14,84 € nos lleva a cifras verdaderamente importantes. Estas cifras son las que han llamado la atención sobre la noticia de la convocatoria pública que estos días ha hecho la Comisión Europea para que los interesados puedan presentar proyectos.

Información complementaria

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 3 de noviembre de 2010 por la que se establecen los criterios y las medidas aplicables a la financiación de proyectos comerciales de demostración destinados a la captura y al almacenamiento geológico de CO 2 , en condiciones de seguridad para el medio ambiente, así como de proyectos de demostración de tecnologías innovadoras de energía renovable, al amparo del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad establecido por la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

Subastas y otros instrumentos de mercado para impulsar la protección de la biodiversidad

2010-11-16T05:06:00.000-08:00

Está próximo a terminar el año internacional de la biodiversidad biológica, proclamado por las Naciones Unidas para atraer la atención internacional sobre la pérdida continua de la biodiversidad y, poner de manifiesto los beneficios que ésta supone para la economía y la sociedad.

Durante este tiempo, se han desarrollado actividades de diverso índole. Instituciones como la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino han realizado un importantísimo papel en la concienciación. Quiero destacar, no obstante, la que desarrollada en el marco del proyecto LIFE+ “Empresa y Biodiversidad” está impulsado instrumentos de mercado para ponerlos al servicio de la protección de la biodiversidad.

Son muchos los indicadores que nos pueden hacer comprender el grado de amenaza que sufre la biodiversidad y los perjuicios económicos que esto supone. Así por ejemplo, la tasa de extinción de especies es ahora entre cien y diez mil veces más alta que en periodos de no extinción, incluso Miguel Delibes de Castro ha llegado a señalar que podríamos estar dentro de la sexta gran extinción del planeta. Como él mismo indica, nuestra huella, como seres humanos, se ha incrementado entre cincuenta mil y cien mil veces dentro de la historia de la humanidad. En cinco mil años hemos aumentado entre cincuenta y cien veces la cantidad de recursos que consumía un cazador recolector del paleolítico y, además, nuestra población se ha multiplicado por mil.

Gran parte de la población mundial se alimenta con solo ciento cincuenta especies cultivadas mientras se dejan perder miles de variedades todos lo años, incluso dentro de las razas de animales domésticos se perdieron sesenta entre 2002 y 2007 debido a la globalización de la industria ganadera.

El cuarto informe del panel intergubernamental de expertos de cambio climático (IPCC) agudizaba aún más este preocupante panorama para el futuro. Este informe señala que entre el 20-30% de las especies estarán en mayor riesgo de extinción si el incremento de la temperatura mundial sobrepasa el aumento de un 1,5 y 2,5 grados centígrados.

Frente a estas pérdidas, siempre se ha llamado la atención de la enorme dependencia que tenemos de la biodiversidad, así por ejemplo, diez de los veinticinco medicamentos más conocidos provienen de productos naturales. El ecoturismo representa el 5% del turismo mundial.

En definitiva, se estima que el 40% de la economía mundial se basa en la biodiversidad y en los servicios de los ecosistemas.

Sin embargo, solo tres de cada cien noticias que vemos en los telediarios de las cadenas de televisión españolas están relacionados con el medio ambiente y dentro de este porcentaje solo un tercio se refiere a la biodiversidad.

En este contexto, tratar de integrar en la actividad económica a través de instrumentos de mercado, entre ellos la responsabilidad social corporativa y el marketing verde, los compromisos de protección de la biodiversidad de las empresas es una estrategia imprescindible.

Esto es lo que trata de ensayar el proyecto LIFE+ “Empresa y Biodiversidad” que coordinado por la Fundación Global Nature y con una duración de tres años, tiene como objetivo concienciar a las empresas sobre las oportunidades de negocio y las ventajas competitivas derivadas de contribuir a la protección de la naturaleza.

En este proyecto, entre otros, se trata de estimular la presencia de las ayudas y actividades relacionadas con la protección de la biodiversidad en las políticas de responsabilidad social corporativa de las empresas. De esta forma en las memorias a través de las que se comunica la responsabilidad empresarial quedará reflejada la contribución de la empresa. También trabaja el proyecto en la integración en las políticas de ayudas para la conservación de la naturaleza. En este sentido se incorporaría en los compromisos asumidos en el marco de los sistemas de gestión medioambiental que son destinados a la certificación según norma ISO 14001 y, especialmente, en aquellos que después del proceso de verificación y validación consiguen inscribirse en el registro europeo EMAS.

Pero, quizás, lo que más llama la atención dentro de este proyecto LIFE es la sencillez de instrumentos de mercado como son las subastas de biodiversidad. El día 26 de octubre, coincidiendo con la décima reunión de las partes del Convenio marco de Biodiversidad que se celebró en Nagoya (Japón), la Fundación Global Nature celebró en Madrid una de estas subasta en la que sesenta empresarios pujaron por aparecer identificados con una determinada actividad que esta ONG desarrolla en materia de protección de la naturaleza así, por ejemplo, asociarse al anillamiento y colocación de póster para cigüeña blanca alcanzó los cinco mil euros y contribuir a repoblar la dehesa extremeña se valoró en nueve mil novecientos euros.

Durante años se ha realizado una intensa política desde la administración ambiental destinada a la conservación de la naturaleza, prueba de ello es la Red Natura 2000 impulsada por la Unión Europea, las medidas agroambientales integradas en la Política Agraria Común (PAC) o el instrumento financiero LIFE que desde su creación en el año 1992 ha destinado cientos de millones de euros en la puesta en marcha de proyectos para la protección de la biodiversidad.

En estos momentos sin perder de vista la necesidad de consolidar la intervención de la administración ambiental hace falta impulsar la participación y la corresponsabilidad de las empresas por lo que el proyecto LIFE+ “Empresa y Biodiversidad” y su campaña europea asociada es una excelente iniciativa.

Memorias de sostenibilidad ambiental. Comunicar la responsabilidad social empresarial aplicada al medio ambiente

2010-10-29T02:07:00.000-07:00

La responsabilidad social de la empresa (RSE), también denominada responsabilidad social corporativa (RSC), es un término que hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, que se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral y medioambiental. El Libro Verde de la Comisión: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas, 18.7.2001COM (2001) 366 final, la define como: integración voluntaria por parte de las empresa, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores[1].

Las preocupaciones medioambientales habían adquirido tal relevancia que las empresas más avanzadas en responsabilidad ambiental trataron de desarrollar verdaderas memorias ambientales, es decir, documentos que de forma análoga a la memoria financiera intentaban recoger, de forma sistemática y objetiva, los principales efectos causados por su actividad en el medio ambiente, así como las medidas adoptadas para reducirlos.

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE nº 171, de 19-7-2006), ha recogido en su disposición adicional duodécima, titulada Difusión de información ambiental por operadores económicos, un mandato a la Administración para que promueva este tipo de información empresarial, señalando que “Las Administraciones Públicas promoverán que los operadores económicos, cuando no estén legalmente obligados a ello, informen periódicamente al público sobre aquellas de sus actividades o productos que tengan o puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente”.

A lo largo de los últimos años las memorias ambientales han evolucionado hacia un nuevo informe corporativo, que con la denominación “memoria de sostenibilidad” intenta informar sobre los tres aspectos básicos que conforman el desarrollo sostenible, es decir, aspectos económicos, sociales y medioambientales, lo que se ha denominado “triple bottom line” o “triple línea básica” derivada de la evolución de la responsabilidad social de las empresas y de la definición de desarrollo sostenible realizada por la Comisión Brundtland en 1987 como “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”.

A mediados de la década pasada surgió el primer intento de homogeneizar las reglas de elaboración de estas memorias de sosteniblidad que realizó el Global Reporting Iniciative (GRI)[2].

La Organización Internacional de Normalización (ISO) aprobó en 2006 la Norma ISO 14063:2006 Gestión Ambiental – Comunicación Ambiental, con la que esta organización normaliza (norma de carácter voluntario) la comunicación de la política ambiental de la empresa. La Norma, establece una guía para facilitar la visión y la explicación de las actuaciones ambientales llevadas a cabo por la empresa en relación con sus productos, actividades o servicios.

Durante los últimos años, diversas entidades de certificación han realizado validaciones de Memorias de Sostenibilidad utilizando la Guía GRI de junio de 2000 (a partir de 2006 la certificación también se ha podido realizar en base a la ISO 14063:2006). Las organizaciones que han obtenido el documento de validación lo exponen en sus Memorias de Sostenibilidad como elemento diferenciador ante su competencia y como garantía ante sus partes interesadas.

La creación de orientaciones de carácter voluntario, como las creadas por la Global Reporting o la ISO 14063:2006 para la redacción de este tipo de memorias, fue sin duda un logro importante en el momento en el que las partes interesadas demandaron su redacción por parte de las empresas. La falta de criterios cuantitativos con los que medir la sostenibilidad de las empresas, mas allá de las obligaciones derivadas de la legislación ambiental, ha sido una asignatura pendiente a cuya desorientación se ha contribuido por la generación de numerosas iniciativas desde organizaciones no gubernamentales[3] hasta comunidades autónomas. Señalaremos en este sentido, a modo de ejemplo, la creación de indicadores cuantitativos en el marco del proyecto “RC OUTLOOK” promovido por la Fundación Entorno o la anunciada ley de responsabilidad social empresarial de Extremadura, aprobada como proyecto en septiembre de este año.

Todas estas loables iniciativas destinadas a la homologación del contenido de estas memorias y, sobre todo, a la cuantificación de RSE hasta ahora tenían sentido al carecer, a nivel del Estado, de una legislación que la regule pero no a partir de septiembre de 2010. Es en ese momento cuando el Proyecto de Ley de Economía Sostenible ha obtenido el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados y está cercana la culminación de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley en su artículo 37 “promoción de la responsabilidad social de las empresas” establece que el Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social. Las empresas que alcancen un nivel mínimo en los anteriores indicadores podrán solicitar voluntariamente ser reconocidas como empresas socialmente responsables, de acuerdo con las condiciones que se determinen.

La Administración del Estado ya había dado un importante paso en la dirección de crear estructuras participativas que impulsen la RSE, con la aprobación del Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (BOE nº 52, de 29-2-2008).

Con la “promoción de la responsabilidad social de las empresas” en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible se crea el marco y las bases de la legislación estatal en materia de RSE que permitirán evitar la proliferación de etiquetas y certificaciones privadas y autonómicas. Los elementos que configuran la RSE, si no existe normativa europea el ámbito territorial adecuado, es el nacional. Como señala el artículo publicado en el Diario El País “la ley extremeña de RSE”, firmado por el grupo Alternativa Responsable, “múltiples normativas en una materia hacen costoso e incomodo el seguimiento o los esfuerzos de RSE a las empresa, especialmente a las que operan en varias comunidades”.

Artículo 37. Promoción de la responsabilidad social de las empresas.

1. Con el objetivo de incentivar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, el Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.

2. El conjunto de características, indicadores y modelos de referencia a que se refiere el apartado anterior deberá atender, especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

3. Las empresas que alcancen un nivel mínimo en los anteriores indicadores podrán solicitar voluntariamente ser reconocidas como empresas socialmente responsables, de acuerdo con las condiciones que determine el propio Consejo.

De la redacción actual del artículo 37 parece deducirse un sistema sencillo y sobre todo poco costoso, ya que la “autoevaluación” hace innecesaria la participación de verificadores independientes cuyos costes hubieran tenido que sufragar las empresas interesadas, que en el caso de las pymes o muy pymes es importante.

Con independencia de esta buena noticia de que la Ley de Economía Sostenible mandata al Gobierno para que las empresas puedan disponer de indicadores oficiales para la autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o referencias de informe o reporte, quiero señalar que siempre ha existido otra vía gubernamental, hasta ahora poco explorada, para que las empresas pudieran comunicar sus esfuerzos en responsabilidad ambiental como es la de los Registros Mercantiles.

Los Registros Mercantiles tienen en el ámbito de la información medioambiental de las empresas un destacado papel que no debe limitarse a aplicar la obligación establecida en la legislación, consistente en que la información ambiental sea reflejada en las cuentas anuales. Los Registradores pueden certificar el esfuerzo ambiental de las empresas más allá de las exigencias legales (inscripción en el EMAS, obtención de etiquetas ecológicas, acuerdos voluntarios, compromisos de responsabilidad ambiental voluntariamente adquiridos, etc.). Estos esfuerzos empresariales de carácter voluntario pueden reflejarse en los Registros en la correspondiente hoja de inscripción como un dato adicional. Este reconocimiento registral, que aparecería tanto en la Web del Registro como en los documentos oficiales en papel que constituyen este servicio público, se convertiría de esta forma en una ventaja competitiva que estimularía los esfuerzos ambientales[4]de las empresas.

Para más información:

Apartado 2.3. Memorias de sostenibilidad en ecodocumentación de Webambiental.

Apartado 23. Memorias ambientales de empresa. Responsabilidad social corporativa en Legislación online de Webambiental.

Ruta 38. Comunicación de la responsabilidad ambiental. Memorias de sostenibilidad en Rutas Web de Webambiental.

________________________________________

[1] Véase apartado 23.1 de legislación online en www.webambiental.es.

[2] Iniciativa creada en 1997 por la organización no gubernamental CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) junto con PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), con el apoyo de numerosas instituciones privadas, empresas, sindicatos, ONGs «con el objetivo de fomentar la calidad, el rigor y la utilidad de las Memorias de Sostenibilidad». Se puede obtener más información sobre el GRI y la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad consultando la Web www.globalreporting.org.

[3] La Organización Internacional para la Normalización, ISO, está desarrollando una norma internacional guía para la RSE. Esta guía será publicada a finales de este año 2010, como ISO 26000.

[4] Hace unos años el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña se planteó la firma de un convenio con el Registro Mercantil con la intención de trabajar en identificar, publicar y certificar los esfuerzos ambientales de las empresas y organizaciones.

Las bolsas de subproductos. Un instrumento para la ecoeficiencia.

2010-09-24T04:35:00.000-07:00

Existe una gran variedad de tipos de materiales generados involuntariamente en procesos de producción y consumo que se conocen como subproductos.

Incentivar la utilización de estos subproductos para la producción de nuevos bienes es una medida estratégica de sostenibilidad ambiental de primera magnitud, ya que contribuye a reducir el consumo de materias primas y minimiza la producción de residuos.

Entre las medidas para incentivar la utilización de subproductos, está la posibilidad de activar mecanismos de oferta y demanda, como son las bolsas de subproductos.

De esta forma las bolsas de subproductos son un medio de comunicación entre empresas, dirigido a facilitar el intercambio de los residuos producidos y que en muchos casos pueden ser utilizados por otra, como materia prima secundaria en sus procesos. Son en definitiva un servicio gratuito que facilita la toma de contacto entre ofertantes y demandantes de subproductos.

Las bolsas de subproductos encuentran en Internet una herramienta adecuada para la rápida actualización de la información.

El funcionamiento es sencillo, comenzando con la solicitud de anuncio que el empresario envía a la bolsa y ésta, manteniendo el anonimato del anunciante, lo publicará mediante un sistema de codificación.

Las empresas interesadas, en anunciar ofertas o demandas de materiales, deberán rellenar una ficha en la que se especifica una serie de características del tipo de producto. La bolsa asignará un código a cada solicitud con objeto de garantizar la confidencialidad del anunciante y, publicará en su Web los datos recibidos.

Cuando un empresario se interese por un anuncio referido en la Web, deberá tomar su referencia y ponerse en contacto con la Bolsa. La Bolsa recogerá los datos de este empresario y los transmitirá al empresario anunciado, el cual conectará con el anterior.

A finales de la década de los ochenta, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación puso en marcha en la mayor parte de las Cámaras españolas la primera bolsa de subproductos de nuestro país.

Tras esta iniciativa, las administraciones ambientales de las Comunidades Autónomas han ido impulsando estos mecanismos bursátiles colaborando, en su ámbito territorial, con las cámaras de comercio y otras organizaciones empresariales.

Una posibilidad interesante es la conexión con el resto de las Bolsas europeas, gestionadas, en su mayoría, por Cámaras de Comercio. Esto supone una ampliación considerable del área de actuación de este mecanismo de intercambio de subproductos.

En 1992 se impulsó, la más desarrollada, la de Cataluña con la colaboración entre las cámaras de comercio catalanas y la agencia de residuos.

La Bolsa más reciente ha sido la de la Comunidad Autónoma de Murcia, bolsamurcia, puesta en marcha en colaboración con la cámara de comercio y la Asociación de Empresas de Medio Ambiente (AEMA-RM) en 2008.

La gestión de las bolsas sigue el esquema general de realizar las transacciones en un ámbito estrictamente empresarial. las administraciones ambientales, cuando se hace necesario, realizan sólo la declaración de un material, objeto o sustancia como subproductos. Lo ideal es que el marco normativo permita identificar automáticamente que materiales (o familias de materiales) pueden ser considerados con toda seguridad como subproductos sin necesidad de recurrir a los trámites administrativos.

En los últimos años han surgido problemas en relación con la interpretación de la definición de residuos para poder diferenciar entre subproductos que no son residuos y los materiales que deben gestionarse como residuos. Este problema es especialmente importante en aquellas comunidades autónomas que no han regulado el ámbito jurídico de los subproductos y dependen de la normativa estatal de residuos, que no los aborda, o de los criterios de la normativa europea que sigue siendo muy conservadora en esta materia. Entre la normativa desarrollada por las comunidades autónomas es de interés la de Madrid, Cataluña, Valencia y Galicia.

Durante años el término subproducto no tenia significado en la legislación comunitaria sobre residuos ya que ésta no diferenciaba entre productos y subproductos, sino entre los que tienen la consideración de residuo o no.

Un tímido avance en este sentido vino de la mano del mandato recogido en la Estrategia Temática sobre Prevención y Reciclado de Residuos que señalaba que “la Comisión publicará una Comunicación en la que presentará directrices basadas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre la cuestión de los subproductos en determinados sectores de la industria, o de si los subproductos deben o no considerarse residuos”

La Comunicación interpretativa sobre residuos y subproductos a la que se refería la Estrategia Temática fue publicada en febrero de 2007. En ella se aborda la distinción entre residuo y no residuo solamente referido a los procesos de producción, no incluye los de almacenamiento o manipulación. No se refiere a otros residuos, como los residuos urbanos u otros flujos de residuos similares, ni a los residuos de consumo.

Un año después la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos concretaba en su Artículo 5 en términos parecidos el concepto de subproducto basándose en los criterios acumulativos que había ido definiendo el Tribunal de Justicia.

“Subproductos

1. Una sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, puede ser considerada como subproducto y no como residuo con arreglo al artículo 3, punto 1, únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:

a) es seguro que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente;

b) la sustancia u objeto puede utilizarse directamente sin tener que someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica industrial normal;

c) la sustancia u objeto se produce como parte integrante de un proceso de producción; y

d) el uso ulterior es legal, es decir la sustancia u objeto cumple todos los requisitos pertinentes para la aplicación específica relativos a los productos y a la protección del medio ambiente y de la salud, y no producirá impactos generales adversos para el medio ambiente o la salud humana.”

Siguiendo este esquema, los restos procedentes de un proceso de producción principal, o el material que es deficiente solamente desde el punto de vista de la apariencia pero cuya composición es básicamente similar a la del producto primario, pueden considerarse subproducto. Por el contrario si estos materiales requieren una operación completa de reciclado o valorización, o contienen contaminantes que se han de eliminar antes de su reutilización o tratamiento, indicaría que se trata de residuos hasta que no haya finalizado la operación de reciclado o de valorización.

Un uso importante de los subproductos del sector alimentario y de la bebida es la alimentación animal. Muchos procesos de producción en este sector generan materiales que son utilizados por la industria de piensos compuestos. En este caso se cumplen los criterios acumulativos del Tribunal de Justicia recogidos en la Directiva 2008/98/CE en relación con los subproductos, puesto que es seguro que se van a reutilizar en la alimentación animal y no necesitan transformación previa fuera del proceso de producción de ese material.

El objetivo final debe ser reducir la cantidad de residuos generados por la empresa con el consiguiente beneficio medioambiental y económico y, reducir, si es posible, sus costes de fabricación. En el año 2008, para una conferencia en relación con las posibilidades de las bolsas de subproductos, pude estimar que por cada millón de toneladas de residuos no peligrosos producidos por la industria (del total de 58,5 millones de residuos no peligrosos de carácter industrial producidos, a nivel nacional en 2007, según el Instituto Nacional de Estadística) que se consiguieran gestionar a través de las bolsas de subproductos, el tejido industrial se ahorraría 35 millones de euros.

La estructura de costes para este caso era muy sencilla. Una tonelada de residuo no peligroso que ya no necesita ir a vertedero se ahorra unas tarifas por gestionar su eliminación (sin incluir los costes de transporte) que, aunque varían, se podrían situar en torno a 15 euros para los no peligrosos de origen municipal y los 26 de origen particular. A estos costes habría que sumarle los impuestos establecidos en la mayor parte de las comunidades autónomas, por eliminar residuos no peligrosos en vertedero, que podríamos situar en torno a 7 euros por tonelada.

Total costes de eliminación en vertedero de residuos no peligrosos: 7 €/tm + entre 15 y 26 €/tm = entre 22 y 33 €/tm (solo impuestos y tarifas no incluye transporte)

El Ministerio de Medio Ambiente hizo público en junio de 2010 el borrador de anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados que recoge para su incorporación a derecho interno la directiva 2008/98/ce expresándose en términos idénticos (Artículo 4. Subproductos).

Muchas veces el hecho de que un material sea o no residuo depende de circunstancias específicas, pero entiendo que puede existir la posibilidad de concretar a nivel normativo un buen número de materiales y, sobre todo, familias de materiales que en determinadas circunstancias tendrían la condición de subproducto.

Si no es posible clarificar esto a nivel de legislación básica el único camino es que la autoridad competente adopte una decisión caso por caso. Si ésta era la única opción posible, se debía haber iniciado ya hace años por el ministerio de la mano de las comunidades autónomas la estrategia de clarificar el listado de materiales que son subproductos. Las comunidades autónomas que concretaron unas normas avanzadas han podido desarrollar un importante sector como es el caso de Cataluña donde supone entre un 15 y un 20% del total de residuos industriales.

Para más información:

Apartado 8. Residuos de legislación online en Webambiental.

Apartado 1.5. Residuos y suelos contaminados de ecodocumentación en Webambiental.

Ruta 17. Residuos de Rutas Web en Webambiental

Planes locales de adaptación al cambio climático

2010-07-30T04:08:00.000-07:00

Muchos municipios y regiones del mundo están presenciando episodios atmosféricos anómalos, cambios en las temperaturas medias y desplazamientos en la llegada de las estaciones.

Según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) esta tendencia va a continuar aunque se reduzcan las emisiones ya que los mecanismos que dan lugar al clima se comportan con una gran inercia.

La mitad del CO2 emitido tardaría un siglo para eliminarse de la atmósfera, mientras que cerca del 20% se mantendría durante varios milenios. Como resultado del lento proceso de eliminación, el CO2 en la atmósfera continuará aumentando a largo plazo aún cuando su emisión se reduzca sustancialmente en comparación con los niveles actuales^{^[1]}.

Los cambios en el clima, como consecuencia del incremento del efecto invernadero, no van a ser uniformes, variarán, como señala el Libro Blanco de la Unión Europea sobre la Adaptación^{^[2]}, de una región a otra. Esta variación se debe a una distribución desigual del calor solar, a las respuestas individuales de la atmósfera, los océanos y a las características físicas de las regiones. La localización respecto de los océanos es un factor importante. Por lo general, se pronostica que las zonas interiores de los continentes serán más cálidas que las zonas costeras^{^[3]}. Por otra parte, las estructuras productivas asociadas a los riesgos del cambio climático son diferentes de una zona a otra. Por ejemplo, hay municipios y regiones cuya economía está basada en la agricultura y otras en actividades industriales o en el turismo, etc.

La adaptación a los impactos del cambio climático no es algo ajeno a muchas actividades que desarrollan las administraciones, basta poner como ejemplo que en España es obligatorio para elaborar la planificación hidrológica incluir una previsión del impacto que ocasionará en las aportaciones de agua el cambio climático (Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, BOE nº 162, de 7 de julio de 2007). La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica, desarrolla el citado RD establece como se puede ver en la tabla siguiente, a modo de ejemplo, en un 11% la reducción de recursos hídricos como consecuencia del cambio climático para la cuenca del Segura y del Guadiana, y un 9% y un 8 % para las cuenca del Júcar y del Guadalquivir respectivamente.

Tabla 7. de la Orden ARM/2656/2008 apartado 2.4.6.

Evaluación del efecto del cambio climático

Hay muchos otros ejemplos en el marco de la planificación como son el plan forestal y la lucha contra la desertificación tal y como se puede consultar en el 12.1.2. NORMATIVA, INFORMES E INICIATIVAS DE ÁMBITO ESTATAL de Webambiental. Otros ejemplos cotidianos son las actuaciones de prevención de temperaturas extremas que coordinadas por el Ministerio de Sanidad llevan a cabo todos los veranos las comunidades autónomas para reducir los efectos en la salud provocados por las olas de calor. Las regiones españolas del centro y sur de la península están mas adaptadas a las elevadas temperaturas por lo que su impacto en cuanto a mortalidad y morbilidad es menor que por ejemplo la zona de Paris donde no solo la población esta menos acostumbrada sino que los edificios apenas están preparados.

Este es un ejemplo claro de que las políticas de adaptación y preparación para el cambio han de ser modeladas a las circunstancias de cada región y al impacto previsto para cada sector y territorio. Por esta razón, las administraciones regionales y especialmente las locales deben tener el protagonismo de las políticas de adecuación.

Para poder tomar decisiones sobre políticas de adaptación es fundamental, además de recabar información de los principales cambios en las variables climáticas, reunir datos fiables sobre los posibles impactos, la vulnerabilidad, los aspectos socioeconómicos asociados y los costes y beneficios de las distintas opciones de adaptación.

http://www.aemet.es/documentos/es/elclima/cambio_climat/escenarios/Informe_Escenarios.pdf

la información de los cambios previstos hay que recordar los excelentes trabajos que se han realizado sobre escenarios de climas futuros. Estos escenarios unos aportados por la Unión Europea http://peseta.jrc.ec.europa.eu/(Centro Común de Investigación de ISPRA) para el conjunto de Europa y otros generados por el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Estatal de Meteorología en 2009 para España (Generación de Escenarios Regionalizados de Cambio Climático para Españahttp://www.aemet.es/es/elclima/cambio_climat/escenarios), que fueron presentados hace unos días, reflejan un incremento de entre 3 y 5 grados en la temperatura máxima a final de siglo. La elevación será mayor cuanto más al centro de la península debido al efecto amortiguador del mar.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0354:FIN:ES:PDF

Se han realizado excelentes trabajos para la elaboración de planes nacionales de adaptación como es el caso de España, Alemania y suiza y a nivel regional y local, solo abundan las estrategias de mitigación, no hay experiencias que puedan servir de referente en cuanto a planes de adecuación.

En general, apenas existe información sobre como elaborar los planes locales de adaptación. Por esta razón, es una buena noticia conocer que la Comisión Europea ha aprobado dentro del programa LIFE el proyecto ACT “Adaptación al cambio climático a tiempo” que lidera el ISPRA que es el centro de investigación del Ministerio de Medio Ambiente Italiano. El proyecto tiene como objetivo desarrollar un proceso estandarizado de estrategias locales de adaptación. En el que los municipios que participan desarrollan una mesa de adaptación local que incluye a los principales agentes implicados. A través de esta mesa se desarrolla el verdadero plan de adaptación local.

He estado invitado, por el ISPRA, esta semana pasada a participar a un workshop en Roma donde he podido ver los excelentes trabajos desarrollos hasta ahora en el marco de este proyecto LIFE. Los tres municipios sobre los que se ensayarán los planes de adaptación son Patras (Grecia), Comune de Ancona (Italia) y Bullas (España).

Para más información:

Apartado 12.1. Cambio climático de legislación online en Webambiental.

Apartado 5. Cambio climático de ecodocumentación en Webambiental.

Ruta 31. Cambio climático de Rutas Web en Webambiental.

[1] IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourh Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Solomon, S., D. Qin, M Manning, Z. enhen, M. Marquis, K.B. Averty, M. Tignor and H.L. Miller (eds.) Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY USA.

[2] Libro Blanco: Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación COM (2009) 147 final.

[3] IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourh Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Solomon, S., D. Qin, M Manning, Z. enhen, M. Marquis, K.B. Averty, M. Tignor and H.L. Miller (eds.) Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY USA.

Huella de carbono

2010-07-06T09:34:00.001-07:00

Junto a las grandes políticas internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se están desarrollando numerosas acciones locales e individuales. La idea es que cada ciudadano puede tener con sus pequeñas decisiones, en relación con los modos de producción y consumo, una destacada influencia en el balance final de las emisiones y sobre las políticas y comportamientos de gobiernos y empresas.

En muchos países europeos y en EEUU ya tienen asentada la costumbre entre la población de medir el CO2 implicado en cada una de las acciones individuales de la vida cotidiana conocido como huella de carbono (carbon footprint, en inglés).

El auge del concepto de 'huella de carbono' ha llevado a numerosas páginas Web a ofrecer una sencilla calculadora que permite a cada individuo, empresas u organizaciones medir el tamaño de su huella, es decir, la cantidad de CO2 que emiten sus actividades diarias.

Algunas empresas empiezan ya a sumarse a la tendencia y a cubrir esta nueva demanda social informando de la huella de carbono de sus productos. Importantes cadenas de supermercados del Reino Unido, se han planteado incluir la huella del carbono en la información suministrada a los consumidores en los alimentos. La huella de carbono, adaptada a los productos expuestos en los supermercados reflejaría las emisiones de CO2 generadas en la fabricación, envasado y empaquetado así como en el transporte hasta el supermercado.

Con iniciativas como esta se pretende que los propios consumidores decidan qué productos comprar en base a las emisiones de CO2 generada como resultado de los procesos por los que han pasado. Un producto con una mayor proporción de envases tendrá una huella de carbono más elevada, también los que provengan de países lejanos, si no utilizan medios alternativos a los combustibles de origen fósil, supondrán una huella de carbono más elevada porque es necesaria mayor cantidad de recursos energéticos consumidos en el transporte para llegar hasta el consumidor.

Hace unas décadas el interés por conocer en detalle las calorías que aportaban los alimentos obligó a la industria alimentaría a detallar en sus envases el valor nutricional de los productos. El CO2 puede pasar a ocupar, como las calorías, un puesto relevante en las decisiones de los consumidores.

En relación con la huella de carbono de los alimentos es evidente que ésta será más elevada si se ha gastado mucha energía de origen fósil en su producción y manipulación y sobre todo si son transportadas desde larga distancia en modos de

transporte poco sostenibles en el momento actual, como la carretera, pero debe tenerse en cuenta también el importante papel que como sumideros desempeñan los cultivos agrícolas en sus lugares de origen. La fijación fotosintética de CO2 menos las emisiones necesarias para su producción (laboreo, riego, manipulación y transporte) determinaran el balance que en muchos casos será positivo. En el caso de productos agrícolas es más adecuado hablar de balance de carbono que de huella de carbono. La Iniciativa desarrollada en la Región de Murcia para la huella de carbono de los productos agrícolas se basa en el balance (http://www.lessco2.es/).

Las opciones metodológicas son las iniciadas por The Greenhouse Gas Protocol (http://www.ghgprotocol.org) a la que siguió la ISO 14064-1:2006 y posteriormente la Pas 2050 (http://www.bsigroup.com/Standards-and-Publications/How-we-can-help-you/Professional-Standards-Service/PAS-2050).

De enorme interés también como opción metodológica y como fuente de factores de conversión que permiten traducir el CO2 equivalente la mayor parte de las materias primas y aspectos productivos que generan emisiones están la Bilan Carbone (http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=15729&m=3&catid=22543).

Hay muchas iniciativas, quizás la más destacada por su carácter obligatorio es la recogida en la reciente Loi Grenelle (http://www.legrenelle-environnement.fr/spip.php?rubrique195) de Francia. En nuestro País, con independencia de la creada por el gobierno de la Región de Murcia, existe una iniciativa

desarrollada por la Asociación de empresas de producción agrícola de Andalucía (http://www.huellacarbono.es/apartado/general/Epea-

y-huelladecarbono.html).

La mayoría de las numerosas iniciativas a nivel internacional están organizadas por grandes cadenas de supermercados. A continuación se relacionan algunas de estas iniciativas:

Descarga de ponencia

Para más información:

Apartado 19.2.3. Marcas para sumidero de CO2 y huella de carbono de legislación ambiental en Webambiental.

Apartado 2.6. Huella de carbono en ecodocumentación en Webambiental.

Ruta 36. Huella de carbono y calculadora de CO2 en rutas web de Webambiental.

Climagate o Watergate climático y otras cortinas de humo

2010-06-14T01:24:00.000-07:00

El pasado viernes concluyó sin avances la reunión de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Bonn. Sin embargo, mientras se agotan las oportunidades de producir un texto para llevar a la Cumbre de Cancún en diciembre de este año, el clima mundial parece continuar con la inercia de incremento de temperaturas que llegó a ponerse en duda durante los preparativos de la Cumbre de Copenhague.

Durante los primeros meses de 2010, la Organización Meteorológica Mundial ha publicado[1] la “Declaración sobre el estado del clima mundial en 2009”. En ella se llega a la conclusión de que el período 2000–2009 ha sido el decenio más cálido registrado desde que comenzaran las mediciones contemporáneas mediante instrumentos allá por 1850.

Igualmente, señala que el año 2009 fue nominalmente el quinto año más calido desde que en 1850 se comenzaran a registrar los datos climáticos mediante instrumentos. Por decenios, el análisis muestra que el de 2000 (2000–2009) fue más cálido que el de 1990 (1990–1999), que, a su vez, fue más cálido que el de 1980 (1980–1989) y decenios anteriores.

Por otra parte, el pasado mes de abril de 2010 fue el más cálido desde que, hace más de un siglo, empezaron las mediciones sistemáticas en el planeta, según informaron la Administración para los Océanos y la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La temperatura media terrestre se elevó hasta los 14,50 ºC de media, 0,75 grados más que el promedio del periodo 1901-2000, y se superó así el récord del mes de abril de 1998.

En enero de 2010 se publicó el informe “Clima en España: Pasado, presente y futuro”, elaborado por la red temática CLIVAR-España formada por la comunidad de científicos que trabajan sobre el clima en nuestro país[2]. El texto cita que los registros instrumentales del siglo XX presentan un aumento progresivo de la temperatura, que ha sido especialmente acusado en las tres últimas décadas (1975-2005). La tasa media de calentamiento es de 0,5 grados centígrados por década, aproximadamente un 50 % superior a la media continental en el hemisferio norte y casi el triple de la media global.
El informe concluye que el calentamiento ha sido uniforme en todas las estaciones del año, pero en los últimos 30 el ha sido mucho más pronunciado en primavera y verano.

En noviembre de 2009, unos días antes de la Cumbre de Copenhague se generó el conocido incidente difundido por los medios de comunicación como Climagate o Watergate climático (aludiendo al escándalo Watergate y sus conversaciones grabadas), que consistió, como se sabe en un caso de filtración de documentos y piratería informática a la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia (Norwich, Inglaterra) que comenzó en noviembre de 2009 cuando uno de sus servidores fue presuntamente hackeado.

En ese momento los escépticos del cambio climático[3] afirmaron que los e-mails demostraban que un grupo de científicos de élite alteraban datos para exagerar el calentamiento global. Sin embargo, aunque toda esta supuesta conspiración se ha ido desmontando se generó un poso de incertidumbre sobre la precisión y calidad de los datos científicos.

En abril de 2010, un grupo científico internacional creado por la universidad y la Royal Society, la Academia de Ciencias Británica, investigó el suceso y concluyó que no hay "evidencia de mala práctica científica deliberada" en la unidad de investigación del clima de East Anglia.

Tomando buena nota de la lección aprendida, la Secretaria General de las Naciones Unidas ha pedido al Consejo de ínter academias formado por las más prestigiosas Academias de las Ciencias de Ingeniería y de Medicina del mundo que revisen los documentos elaborados por el IPCC antes de que sean públicos.

Esta inteligente estrategia de implicar a la prestigiosísima Red de Academias Científicas del mundo para avalar la calidad de los datos, me parece fundamental para evitar las cortinas de humo que generan los grandes intereses económicos contrarios a los avances hacia una economía baja en carbono.

Para más información:

Apartado 12.1. Cambio climático de legislación online en Webambiental.

Apartado 5. Cambio climático de ecodocumentación en Webambiental.

Ruta 31. Cambio climático de Rutas Web en Webambiental.

[1] Organización Meteorológica Mundial (OMM) OMM-Nº 1055, 2010

[2] Clima en España: pasado, presente y futuro. Editores: Fiz F. Pérez y Roberta Boscoso. Enero 2010

[3] Los escépticos afirman que el calentamiento global no es causado por seres humanos.[ ] Lo atribuyen a cambios cíclicos del sol[] así como ciclos de la tierra ya que no es un fenómeno único en la historia de la tierra que ha sucedido otras veces antes. Se ha llegado a presentar como prueba el hecho de que todo el sistema solar se está calentando, lo que descartaría, para la corriente escéptica, al ser humano como causante del mismo.
Los defensores de que el calentamiento global es causado por el hombre señalan que la sistemática negación por los escépticos es fruto de intereses comerciales por parte de corporaciones que comercializan productos basados en los combustibles fósiles, y especialmente, las petroleras. Los defensores del origen antropogénico del cambio climático, como consecuencia de la actual economía basada en los combustibles fósiles, señalan frecuentemente que la corriente escéptica esta liderada por un grupo reducido de científicos y corporaciones.

Ecoinnovación para tiempos de crisis

2010-05-20T05:49:00.000-07:00

Hace unos días comentaba con unos amigos como en los últimos años parecía estar impulsándose la ecoinnovación, refiriéndonos a la noticia de una línea de ayudas por valor de 35 millones de euros que hace un mes recogíamos en “periódico ambiental”, una de las secciones que refleja noticias en tiempo real dentro de este Portal (webambiental) en el que se integra este Blog.

La noticia hacía referencia a la línea de ayudas puesta en marcha para proyectos ecoinnovadores por un montante de 35 millones de euros, en el que las ayudas son de hasta el 50 % y cuya fecha limite para presentar los proyectos se cierra el día 9 de septiembre (9-9-2010).

Comentábamos cómo no se había avanzado mucho en los últimos diez años. Recordábamos los trabajos de uno de los padres de la ecoinnovación Claude Fussler con su libro Eco-innovación. Integrando el medio ambiente en la empresa del futuro con el que tengo en común ese mismo año de 1999 que el entonces Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Domingo Jiménez Beltrán prologara su libro y el mío Guía del Medio Ambiente para empresas y profesionales.

En estos diez años, la Unión Europea ha ido avanzando tímidamente. Ya en 2004 el año en que invitamos a Claude Fussler a dar su conferencia en España había puesto en marcha el Plan de Actuación de las Tecnologías Ambientales. En 2008 lanzo el Programa para la Innovación y la Competitividad (PIC ecoinnovación) El objetivo consiste en potenciar la posición medioambiental y competitiva de Europa apoyando soluciones innovadoras para el medio ambiente, al tiempo que se cree un mercado más amplio para los productos y servicios, métodos de gestión y tecnologías “verdes”.

El PIC-ecoinnovación, que cuenta con un presupuesto total de unos 200 millones de euros en el período comprendido entre 2008 y 2013, constituye el apartado ambiental del Programa para la Innovación y la Competitividad (PIC) y es una pieza fundamental del Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales.

La convocatoria de 2010 cuenta con un presupuesto total de 35 millones de euros para cuatro áreas "prioritarias": reciclaje de materiales; edificios sostenibles; procesos industriales para el sector de la alimentación y la bebida; y empresas ecológicas y compras inteligentes.

El Reciclaje de Materiales se relaciona con la mejora de los procesos de separado, productos de reciclaje innovadores, nuevas soluciones para el reciclaje y nuevos mercados para el reciclaje de productos), mientras que con respecto a Edificios Sostenibles, se refiere a materiales sostenibles de construcción, reutilización y reciclaje de los residuos procedentes de la construcción y la demolición, instalaciones innovadoras de agua, incluyendo el ahorro de agua.

En cuanto a los Procesos industriales para el sector de la alimentación y la bebida, esta convocatoria se basa en procesos de producción más limpios dirigidos a lograr una mayor eficiencia de los recursos, una reducción de los residuos, un aumento del reciclaje y de la recuperación y una mayor eficiencia en los procesos.

Finalmente en el área, Empresas ecológicas y compras inteligentes, las ayudas se destinarán a la integración de la eco-innovación en las cadenas de proveedores y compras ecológicas.

Además, en esta ocasión, se concederá prioridad a las Pequeñas y Medianas Empresas, la participación especial de los clusters y de aquellos proyectos que demuestren un importante valor añadido europeo y que tengan un gran potencial de éxito en el mercado.

Son muchos los esfuerzos que se están haciendo desde ámbitos muy diversos y en este momento quiero aprovechar para destacar el de la Comunidad Autónoma de Murcia que ha creado un micrositio, a modo de escaparate de tecnologías ambientales, en el que intenta dar a conocer y brindar oportunidades a los proyectos innovadores. Dentro de este escaparate se pueden destacar la depuración simbiótica de aguas residuales aprovechando el trabajo de los microorganismo y, por tanto, minimizando el enorme consumo de energía que suponen las depuraciones convencionales, o el interesante proyecto de conseguir la reproducción en laboratorio de la fanerógama marina posidonia oceanica, pieza básica y emblemática del ecosistema Mediterráneo.

Hay que animar proyectos de este tipo a que no pierdan la oportunidad de aprovechar estas líneas de ayuda. Hasta septiembre de 2010 no hay tiempo que perder.

La presente década se ha iniciado con una profunda crisis económica, con importantes impactos en el terreno social. Una crisis que se ha venido gestando a nivel internacional, pero que ha terminado por afectar seriamente a países que como España. La innovación debe ser pieza fundamental para superar esta situación y seguir creando valor y prosperidad. Durante las dos ultimas décadas se ha evidenciado una segunda crisis internacional, la ambiental y especialmente la derivada del cambio climático. En estas condiciones la innovación debe ser en gran mediada ecoinovación.

Para más información:

Apartado 22. Ecoeficiencia de legislación online en Webambiental.

Apartado 3.1. Ecoeficiencia y buenas prácticas de ecodocumentación en Webambiental.

Apartado "Instrumentos para la ecoeficiencia" de Rutas Web en Webambiental.

Hacia una economía baja en carbono. Colaboraciones

2010-05-03T04:05:00.000-07:00

Daniel Robles Brugarolas, representante de medio ambiente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), y José Luis de la Cruz Leiva, Investigador Área de Procesos de Sostenibilidad del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), inauguran el apartado de colaboración de este blog con dos interesantes artículos:

Ha empezado la carrera verde. ¿te apuntas? de Daniel Robles en el que nos comenta el informe visión 2050 con el lema UNA NUEVA AGENDA PARA LOS NEGOCIOS que fue presentado el pasado 27 de abril en Madrid. "VISION 2050 es una hoja de ruta global que pretende alcanzar la sostenibilidad en 2050 llamando la atención de nuestros líderes y gobernantes para que puedan tomar decisiones que deparen los mejores resultados para el desarrollo de nuestra sociedad durante los 40 próximos años". Daniel nos informa que a la presentación del documento asistieron la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, Cristina García Orcoyen directora de la Fundación Biodiversidad, y el Director del Proyecto Visión 2050 del WBCSD, Per Sandberg. Del WBCSD, Daniel nos selecciona el siguiente vídeo.

La empresa y los ciudadanos: actores esenciales en el cumplimiento de los objetivos de cambio climático de José Luís de la Cruz. En este artículo se hace un interesante recorrido por los esfuerzos empresariales y ciudadanos que se han de cometer en el camino hacia un nuevo modelo productivo. Como señala el autor “Hoy más que nunca los empresarios son conscientes de que para garantizar la perdurabilidad empresarial, sus operaciones han de ir dirigidas no sólo a asegurar un crecimiento económico, sino que deben, asimismo, garantizar la protección del medio ambiente y fomentar la responsabilidad social.”Especialmente destacable es la relación que mantiene a lo largo del artículo entre huella ecológica y huella de carbono. Para reducir el impacto de nuestro actual estilo de vida tenemos que ser capaces de reducir nuestra huella ecológica, José Luís propone que la clave es la reducción de la huella de carbono “las emisiones de CO2 suponen más del 60% del total de la huella ecológica o lo que es lo mismo, más de un 60% de la huella ecológica es Huella de Carbono. Por lo tanto, podemos decir que el reto fundamentalmente es la reducción de las emisiones de CO2eq a fin de reducir la Huella de Carbono per cápita. Debemos reducir en al menos un 50% la huella de carbono per cápita y para ello, el reto esencial es reducir el consumo energético fruto del Transporte.”

Lucha contra el ruido. La clave sigue siendo el urbanismo

2010-04-28T12:42:00.000-07:00

Hoy miércoles, día 28 de abril de 2010, se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido con el objetivo de promover la protección del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación sobre las molestias y daños que generan los ruidos. Desde hace 15 años se viene celebrando esta convocatoria iniciada por una fundación sin fines de lucro de Estados Unidos, dedicada al campo de la salud auditiva.
La creciente preocupación por la contaminación sonora se ha debido, en gran medida, al conocimiento de sus efectos sobre la salud y el desarrollo de las actividades. Hoy se sabe que el ruido ambiental tiene un enorme impacto en el medio escolar. Perturba el sueño y el reposo y provoca diversas reacciones que pueden constituir un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares[1]. Junto a estos efectos sobre la salud, la molestia y la interferencia sobre algunas actividades, como la comunicación, hacen que este tipo de contaminación tenga una enorme repercusión social.

Desde hace décadas los esfuerzos orientados a evitar tales consecuencias y, por tanto, a tratar de reducir los niveles de contaminación acústica se han concretado en numerosas leyes y recomendaciones en la mayor parte de los países desarrollados y por gran número de organismos internacionales.

La legislación a nivel nacional sobre el ruido ambiental ha sido, hasta la publicación en noviembre de 2003 de la Ley 37/2003, del ruido, prácticamente inexistente. Como consecuencia de ello algunas Comunidades Autónomas comenzaron a finales de los años ochenta a cubrir este vacío normativo.

Los Ayuntamientos, al ser las instancias más próximas al ciudadano, han sido los que tradicionalmente han desarrollado una buena parte de las intervenciones de protección y control del ruido, especialmente las generadas por vehículos individuales y por actividades sometidas a licencia municipal.

El ruido producido por actividades (discotecas, bares con música y similares) genera innumerables conflictos y demandas de intervención de la administración local, ya que por lo general para este tipo de actividades la competencia de autorización y control corresponde a los municipios. La ineficiencia en el control de esta contaminación acústica podría generar responsabilidad patrimonial de la administración con la consiguiente obligación de indemnizar los daños y perjuicios que les pudieran corresponder a los vecinos afectados (artículos 106 de la Constitución Española y 139 de la Ley 30/1992), tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 8 de julio de 1998 (Ar.6716) y de 4 de noviembre de 1998 (Ar 9840).
Una disposición de interés en materia de ruido ambiental es el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación (BOE nº 254, de 23-10-2007)[2]. Esta disposición establece las exigencias de aislamiento acústico de fachadas e instalaciones de las edificaciones[3].
El DB-HR[4], protección frente al ruido, establece los valores de aislamiento acústico necesario en fachada para los diferentes usos de un edificio, en relación con el nivel de ruido diurno, en el ambiente exterior, variando desde 30 dB(A) cuando el ruido exterior es igual o menor que 60, hasta 47 cuando el ruido exterior es mayor de 75.

Sin quitar merito al Código Técnico de la Edificación y su DB-HR que pretende garantizar el medio ambiente interior, hay que señalar que numerosas actividades se desarrollan en el medio ambiente exterior y que el interior depende directamente del exterior cuando por aumento de la temperatura se han de mantener las ventanas abiertas. Por esta razón, la lucha contra el ruido urbano debe ir a garantizar el medio ambiente exterior.

En el medio ambiente exterior la fuente sonora más importante y extendida es el tráfico rodado debido al notable crecimiento de los sistemas de transporte por carretera especialmente los de mercancías.
Una buena parte del aumento del tráfico rodado se debe a que en nuestro país, en los últimos años se ha impulsado un modelo urbanístico de ciudad difusa y se han propiciado crecimientos en la periferia de las grandes ciudades, localizando centros de actividad y consumo que están generando una elevada movilidad obligada.
A estos factores hay que unir la extensión en términos espaciales del ruido procedente del tráfico que alcanzará cada vez más a las zonas rurales y suburbanas. Asimismo, se producirá la extensión temporal de ruido con el incremento de la distribución de mercancías 24 horas al día.

La política comunitaria de los últimos 30 años, destinada a reducir el nivel de emisión de los vehículos nuevos (reducción de un 85% para los automóviles -8 dB(A)- y un 90% para los vehículos pesados -11 dB(A)-), ha sido de escasa eficacia real, debido a que la reducción de emisión aportada por los nuevos vehículos se ve sobradamente compensada con el incremento del número total de vehículos. Además el ciclo de reemplazo del parque automovilístico es de unos 10 años coexistiendo en circulación los vehículos menos ruidosos con otros con deterioradas condiciones acústicas por el aumento de la edad.

He oído referencias a las esperanzas depositadas en la reducción del ruido ambiental que puede originar la futura utilización masiva de vehículos eléctricos (véase artículo en este Blog del 12 de abril). No obstante, sólo será previsible una importante mejora en el centro de las ciudades donde la velocidad es reducida, mientras que apenas se notará en las zonas urbanas afectadas por las grandes arterias (rondas, autopistas, autovías). El ruido producido por el contacto del neumático con la calzada (ruido de rodadura) es la fuente principal, anulando al del grupo motopropulsor cuando los vehículos ligeros superan los 60 km/h. El vehículo eléctrico circulando a velocidades propias de autovía generará el mismo ruido que uno convencional de gasolina o gasoil.

En cualquier caso, como se ha señalado, el tiempo de renovación del parque móvil de un país desarrollado como España no se produce en menos de 10 años. Durante este tiempo coexistirán, en el centro de las ciudades, vehículos con motores ruidosos basados en los combustibles fósiles con los vehículos de nueva generación con motores eléctricos.
Por esta razón, a corto plazo, es necesario trasladar los flujos de movilidad dependientes del ruidoso vehiculo privado al transporte público o a los desplazamientos a pie o en bicicleta y sus múltiples combinaciones. Pero no habremos conseguido gran cosa si seguimos haciendo un urbanismo que genere movilidad obligada y nos obligue a coger el coche para poder ir al trabajo, a la universidad, o simplemente al cine porque se este impulsado el ocio en la periferia de la ciudad.

El urbanismo es la clave. Es la clave porque además de reducir las necesidades de transporte, puede evitar la contaminación sonora separando adecuadamente, a nivel de planeamiento, las grandes fuentes de ruido de los usos del suelo sensibles a la contaminación sonora, como son, por ejemplo, los centros docentes y las viviendas.
La contaminación por ruido desaparece simplemente con el alejamiento[5]. Es por esto que el planeamiento urbanístico y la correcta localización de actividades tienen un papel fundamental en su prevención y control[6].
La evaluación de impacto ambiental, procedimiento al que se someten las fuentes de ruido (carreteras, aeropuertos, polígonos industriales), es un mecanismo imprescindible, pero junto a éste es la planificación urbana el método más adecuado para su prevención.
El deterioro del medio ambiente urbano causado por elevados niveles de ruido ambiental suele ser resultado del uso del suelo por actividades incompatibles, bien por la ubicación de una importante fuente de ruido, como puede ser una vía de tráfico en la proximidad de una zona residencial, o bien por el crecimiento de áreas residenciales hasta el borde de fuentes de ruido ya existentes. La planificación urbana debe ser la herramienta para evitar estas disfunciones.
Con la existencia de límites claros y cuantitativos como los recogidos por la legislación sobre ruido y sabiendo que es técnicamente sencillo elaborar estudios in situ del grado de contaminación sonora, se trata de comparar los niveles reales con los límites, lo que permite delimitar los espacios en los que no se deben autorizar determinados usos del suelo.
Este esquema sencillo es el que recoge la Ley 37/2003, exigiendo en sus artículos 17,20 y Disposición Transitoria Segunda que las previsiones de la Ley y su desarrollo reglamentario[7] sean introducidas en los procesos de planificación urbanística y edificación.

“Artículo 17. Planificación territorial.
……así como el planeamiento urbanístico, deberán tener en cuenta las previsiones establecidas en esta ley, en las normas dictadas en su desarrollo y en las actuaciones administrativas realizadas en ejecución de aquéllas.
Artículo 20. Edificaciones.
1. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas.
2. Los ayuntamientos, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, podrán conceder licencias de construcción de las edificaciones aludidas en el apartado anterior aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica en él mencionados, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior.
Artículo 21. Reservas de sonidos de origen natural.
Las comunidades autónomas podrán delimitar como reservas de sonidos de origen natural determinadas zonas en las que la contaminación acústica producida por la actividad humana no perturbe dichos sonidos. Asimismo, podrán establecerse planes de conservación de las condiciones acústicas de tales zonas o adoptarse medidas dirigidas a posibilitar la percepción de aquellos sonidos.
Disposición transitoria segunda. Planeamiento territorial vigente.

El planeamiento territorial general vigente a la entrada en vigor e esta ley deberá adaptarse a sus previsiones en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de su Reglamento general de desarrollo”.
Lo que en el año 2003 recogió la Ley estatal del ruido en relación al urbanismo y la edificación no fue sino la experiencia y el camino abierto por la normativa de las comunidades autónomas, que tuvo que abrirse camino cubriendo lo que en aquel momento era un absoluto vació normativo. Desde finales de la década de los años ochenta, la normativa dedicada al ruido en las Comunidades Autónomas se había planteado con este enfoque regulando, además de la autorización y control de actividades e infraestructuras, la prevención a través del urbanismo y la edificación. Son normas destacables en este sentido las establecidas en la Comunidad Autónoma de Murcia a la que siguieron las de Andalucía y Valencia.
La normativa de la Comunidad Autónoma de Murcia desarrollo con el Decreto 48/98 un esquema en dos etapas: prevenir primero a través del planeamiento urbanístico y si no se ha hecho una correcta planificación urbanística, prevenir a través de la arquitectura (diseño y orientación).

En cuanto al primer eslabón concreta los objetivos que habrán de perseguir en cuanto a ruido la concepción del planeamiento de carácter general. Para el de desarrollo (planes parciales) siempre que se proyecten colindantes con autopistas y autovías, el Decreto 48/98 obliga a que se sometan a un pronunciamiento preceptivo y vinculante de la Consejería de Medio Ambiente sobre el ruido (artículo 13).

Como se ha señalado, cuando la planificación urbanística no tiene en cuenta la posible contaminación por ruido ambiental, la siguiente estrategia a aplicar es la concepción del edificio. En este sentido, el Decreto regional concreta en sus artículos 16 y 17 las exigencias. Por un lado, se refiere a que la orientación del edificio y demás características constructivas deberán garantizar que en el medio ambiente exterior no se superan los niveles establecidos (artículo 16) y, por otro lado, condiciona la concesión de la cédula de habitabilidad de primera ocupación (función delegada a la mayor parte de los municipios) en las zonas colindantes a autovías y autopistas a la certificación por entidad colaboradora en materia de calidad ambiental de que no se superan en más de 5 dB(A) los niveles establecidos para el medio ambiente interior (artículo 17).

La normativa de la comunidad andaluza y valenciana sigue un esquema parecido a la murciana estableciendo condiciones tanto para el planeamiento urbanístico como para la edificación.

Para más información:

Apartado 11. Ruido ambiental de legislación online en Webambiental.

Apartado 1.8. Ruido ambiental de ecodocumentación en Webambiental.

Ruta 24. Ruido ambiental de Rutas Web en Webambiental.

[1] Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Verde de la Comisión Europea sobre política futura de lucha contra el ruido. COM (96) 540 final.

[2] Véase en webambiental legislación Online apartado 11.1

[3] Este Real Decreto deroga la Norma básica de la edificación para condiciones acústicas de 1988 “NBE CA-88” (Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE CA-81 sobre condiciones acústicas en los edificios, modificada por el Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, pasando a llamarse NBE CA-82, y revisada por Orden de 29 de septiembre de 1988, pasando a denominarse NBE CA-88).

[4] Se puede descargar gratuitamente, en la Web del Código Técnico de la Edificación (Ministerio de Vivienda) la Herramienta de cálculo del Documento Básico de protección frente al ruido (elaborada por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja). Esta herramienta es un conjunto de hojas de cálculo que trata de facilitar la aplicación de la Opción General del DB HR y permite verificar el cumplimiento de los casos más frecuentes. Incluye una serie de ayudas que muestran de forma sencilla cómo se utiliza. http://www.codigotecnico.org/index.php?id=629
Véase webambiental e-codocumentación capítulo 1.8. http://www.webambiental.es/ecodocumentacion.html

[5] Véase en webambiental http://www.webambiental.es/ebook.html caso práctico 1.

[6] Véase en webambiental http://www.webambiental.es/ebook.html caso práctico 2

[7] Los niveles de referencia para los diferentes usos del suelo han sido establecidos por el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

El coche eléctrico. Ahora sí

2010-04-12T05:40:00.000-07:00

El día 6 de abril el Presidente del Gobierno presentó la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España (http://www.economiasostenible.gob.es). El vehículo eléctrico, como señala en la propia Estrategia es algo mas que un medio de transporte; a sus enormes ventajas ambientales hay que sumar otras de índole tecnológica y económica.

El vehículo eléctrico fue hasta la primera década del siglo XX la opción más desarrollada frente a los vehículos con motor de combustión interna. La electricidad, sin embargo, no fue la energía elegida para el desarrollo de la automoción debido a la escasez de infraestructuras de suministro eléctrico, un petróleo abundante y barato y el desconocimiento de los graves problemas para la salud que la contaminación aportada por el automóvil generaría.

A principios del pasado mes de marzo la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica señalaba que más de 16000 personas mueren prematuramente al año en España a causa de la contaminación del aire, ocho veces más fallecidos que los provocados por los accidentes de tráfico. Las emisiones del tráfico en las ciudades son las responsables del 80% de esta contaminación.

Hoy el petróleo ya no es abundante y barato. Según la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico, el transporte por carretera sigue siendo enormemente dependiente de los productos petrolíferos (en un 98%), es el destino del 65% de las importaciones de crudo de nuestro país de las que el 68% son consumidas por el vehículo privado. Como consecuencia de este consumo de combustibles fósiles, el vehiculo privado representa casi la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en España (el 24 %).

A pesar de que la eficiencia energética en los vehículos automóviles es más del doble de la que estos ofrecían hace 30 años, el aumento vertiginoso en el número de unidades y la intensidad de la utilización ha anulado, por el momento, los efectos positivos de ese perfeccionamiento técnico.
La tendencia es a que sigan aumentando las emisiones y nuestra dependencia energética por el incremento del parque de vehículos y el incremento de la movilidad (número de kilómetros recorridos por viajero). De acuerdo con la información suministrada por la Dirección general de Tráfico, en diez años, el parque automovilístico español se ha incrementado en cerca de diez millones de vehículos, al pasar de los 21,3 millones de unidades contabilizados en 1998 a los 31,04 millones del pasado año, lo que equivale a un incremento del 45,7 por ciento.

Una buena parte del incremento en el uso del vehículo privado se debe a que en nuestro país, en los últimos años se ha impulsado un modelo urbanístico de ciudad difusa y se han propiciado crecimientos en la periferia de las grandes ciudades, localizando centros de actividad y consumo que están generando una elevada movilidad obligada.

Además de reducir las necesidades de transporte con a una adecuada planificación urbanística, es necesario trasladar a corto plazo los flujos de movilidad dependientes del transporte privado al transporte público o a los desplazamientos a pie o en bicicleta y sus múltiples combinaciones.
Para los usos en los que siga siendo necesario utilizar el vehiculo privado hay al menos que incrementar el índice de ocupación. En este sentido destacan los intentos de desarrollar programas de movilidad sostenible[1] a base de incentivar el coche compartido.

El transporte colectivo, tanto público como privado, presenta enormes ventajas en términos de ecoeficiencia, sin embargo ha de ofrecer servicios de calidad, en términos de frecuencia y velocidad, y resultar económico. Por esta razón, se requieren largos trabajos de planificación y de inversión. Igualmente otros medios de desplazamiento alternativos, como la bicicleta o a pie, dependen de la distancia e incluso de la existencia de infraestructuras como carril bici.
A medio plazo hay que depositar la esperanza en la innovación científica y tecnológica que posibilite la utilización masiva de vehículos eléctricos. En cualquier caso, el tiempo de renovación del parque móvil de un país desarrollado como España no se produce en menos de 10 años. Durante este tiempo coexistirán vehículos basados en los combustibles fósiles con los vehículos de nueva generación menos contaminantes.

Para esta transición, a corto plazo, se debe fomentar el uso del vehiculo eléctrico, hasta el salto definitivo producido por la llamada “pila de combustible o célula de combustible” a base de hidrógeno en la que mediante un simple proceso electroquímico se genera electricidad a partir del hidrogeno y los únicos residuos de la reacción son oxígeno respirable, agua pura y algo de calor.

Se ha comentado que, dado que la producción en serie de vehículos a bases de hidrogeno no será posible hasta 2020, la alternativa más viable a corto plazo de modelos de emisión cero serán los eléctricos enchufables. Los avances tecnológicos en la producción de baterías motivada por la industria de los teléfonos móviles, el precio del petróleo y la concienciación sobre el cambio climático hacen posible que entre 2010 y 2012 estén disponibles numerosos modelos a precios competitivos.

No obstante la realidad es que el vehiculo eléctrico no termina de desarrollar una gran oferta. Aunque está presente en los objetivos de la mayoría de los fabricantes de vehículos, a día de hoy, la oferta es escasa y los costes de adquisición son más altos que los basados en combustibles fósiles debido principalmente a la ausencia de economías de escala que no han permitido a las empresas imputar la factura del I+D que les esta suponiendo y ésta, a su vez, es consecuencia de la escasa demanda. Un círculo vicioso que en países como España en los que su presencia masiva es una gran ventaja, debe ser promovido e impulsado.

La estrategia presentada por el Presidente, intenta fomentar la demanda, aumentar la oferta de vehículos eléctricos y extender los necesarios puntos de recarga. Uno de los aspectos que me parecen de gran interés es la apuesta por la figura del acuerdo voluntario[2], con las empresas que representan importantes flotas en el ámbito urbano (mensajería, ambulancias, taxis, asistencia técnica) y con las empresas del sector eléctrico para potenciar ofertas de energía con discriminación horaria a los usuarios

El uso del vehículo privado está centrado principalmente en recorridos cortos. Mas del 80% de los desplazamientos diarios son de menos de 60 Kilómetros lo que permite ser cubierto perfectamente con el vehiculo eléctrico realizando la recarga por la noche. Esta recarga además de que se produce en horas valle puede ser en gran medida procedente de energías renovables. El Instituto Tecnológico de la Energía en la comunidad Valenciana ha estudiado el área metropolitana de la ciudad de Alicante donde el 70 % de los desplazamientos diarios suponen menos de 150 Kilómetros y la generación de energía eolica durante la noche es superior a la demanda que pudiera plantear el vehículo eléctrico en su recarga.

Uno de los aspectos más interesantes del vehículo eléctrico es que se recargara en horas valle o directamente de placas solares y si no se usa podrá venderse esta energía al día siguiente en horas de demanda. Puede verse en este sentido un interesante artículo en el diario el País del sabado10 de abril.

Desde el punto de vista de vista de la reducción de las emisiones de CO2 es evidente la gran ventaja por un doble motivo. En primer lugar por su emisión que se reduce un 60% (15 KWhora por cada 100 kilometros a 0,4 kg de CO2 supone 6 kg frente a los 8 litros de gasolina por 2,7 kg de CO2 que supone un total de 21.6 kg cada 100 km ) En segundo lugar porque que se transfieren las emisiones desde un sector “difuso” como es el de transporte (no obligado a participar en el comercio de derechos de emisión creado por la Ley 1/2005) a un sector, regulado como es la generación de energía eléctrica. Este sector al estar obligado por la ley 1/2005 esta optimizando su producción en relación a las emisiones de CO2 desde hace cinco años y además esta haciendo un importante esfuerzo por mejorar la eficiencia energética (centrales de ciclo combinado) y aumentar en el MIX de producción de energía eléctrica el peso de las renovables que ahora se sitúa en el 25% y se prevé que en 2020 será del 40%.

Este ultimo aspecto es de gran importancia pues la Decisión Nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 obliga a nuestro país a reducir las emisiones de los sectores difusos en 2020 en un 10% con respecto a las emitidas en 2005.
Si estimamos que de las 441 millones de toneladas de CO2 emitidas en 2005, un 58%, es decir, 257 lo fueron por los sectores difusos esta obligación de reducir el 10% se concretaría en 23 millones de toneladas de CO2. Esta cifra que parece asumible no es fácil si se tiene en cuenta que para poder cumplir con las obligaciones derivadas del protocolo de Kioto (en 2012 las emisiones no deben superar las de 1990 en mas de un 15%) España necesita comprar derechos de emisión en los países del este incorporados a la Unión (por ejemplo, el compromiso de compra de derechos de emisión de gases de efecto invernadero por un importe de 25 millones de euros a Polónia hecho público a principios de noviembre de 2009) y realizando cuantiosas inversiones en proyectos basados en el mecanismo de desarrollo limpio en países en vías de desarrollo.

El objetivo cuantitativo de la Estrategia Integral de Impulso al vehículo eléctrico es facilitar la introducción de los vehículos eléctricos o enchufables, hasta conseguir en 2014 la presencia de 250.000 unidades de estos vehículos (esta cifra de vehículos eléctricos sumada a la de los híbridos alcanza la cuantía total de un millón de vehículos).

Este objetivo permitiría: Un ahorro de 81 millones de toneladas de CO2 que al precio medio de la tonelada en la bolsa durante el mes de abril (13 euros) supone 1053 millones de euros de ahorro para nuestro país. Al mismo tiempo reduciría nuestra dependencia energética exterior en 20 puntos y reduciría nuestro déficit comercial en un 25%.

Cómo se puede ver en el vídeo “¿quién mató al coche eléctrico? colgado en youtube, a principios de 1900 los grandes intereses comerciales alrededor del petróleo lo eliminaron como alternativa, en 1996 por segunda vez evitaron su desarrollo, pero ahora, debido a la presión social que supone la elevada conciencia sobre el cambio climático, los gobiernos, como muestra este vídeo poniendo como ejemplo la implantación de la Ley en California están ganando la batalla, a la tercera va la vencida.

Para más información:

Apartado 12.1. Cambio climático y apartado 22. Ecoeficiencia de legislación online en Webambiental.

Apartado 3.1. Ecoeficiencia y buenas prácticas y apartado 5. Cambio climático de ecodocumentación en Webambiental.

Apartado "Instrumentos para la ecoeficiencia" y Ruta 31. Cambio climático de Rutas Web en Webambiental.

[1] Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE nº 275 de 17-11-07) incluye en su Disposición adicional séptima El mandato de elaboración de una Ley de movilidad sostenible.
Disposición adicional séptima. Ley de movilidad sostenible.
El Gobierno, en desarrollo de las medidas urgentes a adoptar contra el cambio climático, elaborará una ley de movilidad sostenible que incluirá, en el marco del diálogo social establecido, la obligación de la puesta en marcha de planes de transporte de empresa que reduzcan la utilización del automóvil en el transporte de sus trabajadores, fomenten otros modos de transporte menos contaminantes y contribuyan a reducir el número y el impacto de estos desplazamientos.

[2] Véase en esta Web el articulo en la wiki gestión ambiental sobre los acuerdos voluntarios

Fenología y Cambio Climático

2010-03-19T12:47:00.000-07:00

Entre las evidencias del cambio climático han destacado, por su espectacularidad, algunos hechos como la reducción de los glaciares o la apertura de vías navegables en el ártico a consecuencia de la disminución del manto de hielo.
Hay otros muchos efectos del cambio climático que pasan más desapercibidos porque sus evidencias se manifiestan más lentamente, como son los cambios que afectan a los seres vivos.
Desde la antigüedad, en el medio rural se ha transmitido por vía oral, y excepcionalmente mediante anotaciones, la presencia más o menos puntual de las aves, insectos y ciclos vitales de las plantas. La disciplina que estudia los fenómenos biológicos que se presentan periódicamente, acomodados a ritmos estaciónales, y que tienen relación con el clima y con el curso anual del tiempo atmosférico en un determinado lugar es la fenología. Se trata de una disciplina fundamentalmente descriptiva y de observación, que se ha utilizado tradicionalmente para complementar las descripciones del carácter climático de un año agrícola y para realizar estudios de climas locales.
Los sucesos biológicos que se repiten año tras año definen mucho mejor el paso de las estaciones que el calendario astronómico. Los registros más antiguos se remontan al siglo IX y aluden a la floración de los cerezos en Japón. En Alemania e Inglaterra existen series temporales de datos desde mediados del siglo XVIII.

En nuestro país el Servicio Meteorológico Nacional puso en marcha en 1942 la observación fenológica mediante una red de colaboradores y un método normalizado de recogida de información. La red, que llegó a contar con más de 400 colaboradores en 1960, mantiene actualmente 120 puntos de suministro de información repartidos por todo el país, con presencia en todas las comunidades autónomas con excepción de la Rioja.
Cada 23 de marzo, aprovechando la celebración del DIA METEROLÓGICO MUNDIAL, se premia y reconoce el meritorio esfuerzo de los colaboradores que forman la red.

En la red que gestiona la Agencia Estatal de Meteorología se comunican en la actualidad observaciones sobre 87 especies diferentes, aunque se dispone de datos históricos de hasta 119. Se incluyen 15 especies de frutales, 14 de otros tipos de plantas cultivadas, 34 de árboles y arbustos, 10 especies de aves estivales, 8 de invernantes y 2 especies de insectos. Algunas de las fenofases que se incluyen en las observaciones son: llegada de aves; primera vez que se detectan determinados insectos y, en plantas, floración, caída de hojas, etc.

El 12 de marzo ha fallecido el prestigioso escritor y periodista Miguel Delibes, al que en medios de comunicación ecologistas se le ha calificado de gran defensor del medio ambiente. Como hombre ligado al campo, y en gran parte por su afición a la caza, Delibes tenía un profundo conocimiento de los procesos naturales. Con motivo de su ingreso en la Real Academia, en 1973 preparó un discurso en el que llamaba la atención sobre los impactos que el hombre estaba generando en el medio ambiente. Aquel discurso se publicaría después bajo el título “Un mundo vulnerable”.

En su libro “la tierra herida”, Miguel Delibes y su hijo Miguel Delibes de Castro, publicado en 2005, difundieron la importancia de los datos acumulados por la fenología, contando la historia de uno de los colaboradores de la Red Fenológica de la Administración Metereologica española, Pere Comas, un maestro catalán de un pueblecito del Vallés Oriental. Este maestro observó y anotó en su pueblo natal, Cardedeu (Barcelona), datos desde 1952 hasta el día de su muerte en 2004. Aprovechando sus paseos diarios anotaba datos sobre las fechas de aparición y caída de hojas, frutos y llegada de aves e insectos. De esta forma, Delibes cuenta cómo fue llenando cuadernos y cuadernos con una de las mejores series fenológicas disponibles, en cantidad y calidad. Sus estudios, analizados en el año 2002, por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, permitieron deducir que, como media, las hojas en los árboles de hoja caduca brotan 16 días antes que en 1952 y retrasan su caída en 13 días. La información permitía demostrar que en conjunto la primavera biológica se está adelantando y el invierno, entendido como un periodo en que los árboles de hoja caduca carecen de ella, en la década de los años 2000 dura un mes menos que en 1952.

La preocupación por cartografiar los desajustes del calendario natural ha llevado a las redes fenológicas europeas a reclutar voluntarios. La United Kingdom Phenology Network cuenta con 21.000 fenólogos aficionados que anotan y fotografían las alteraciones en los ritmos biológicos, con lo que están mostrando pruebas de que la primavera en Inglaterra se anticipa cada vez más.
La Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife, con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, creó hace tres años una red fenológica a través de Internet (www.avesyclima.org), para que cualquier aficionado a las aves pueda colaborar en la información sobre fechas de migración y reproducción, con el fin de hacer un seguimiento del impacto del cambio climático. Se pretende también utilizar la colaboración de colegios e institutos mediante diferentes niveles de participación.

Los datos fenológicos son de gran importancia para entender los procesos de interacción entre la atmósfera y la biosfera, sobre todo de cara a los estudios de cambio climático. En el importante almacén de información que durante 68 años han ido generando los colaboradores de la Agencia Estatal de Meteorología (más de medio millón de datos), sólo una parte esta informatizado por lo que hay que valorar muy positivamente los esfuerzos, en algunos casos en colaboración con los departamentos de cambio climático de las comunidades autónomas, que se están llevando a cabo para construir las bases de datos informatizadas que permitan su utilización. La oportunidad que ofrece Internet de que cualquier persona pueda convertirse en colaborador, abren las redes fenológicas a infinitas posibilidades que deberían ser contempladas para colaborar (precisando, concretando y acotando en que forma debe hacerse la descripción de los fenómenos) en los necesarios registros regionales de evidencias del cambio climático.

Para más información:

Apartado 12.1. Cambio climático de legislación online en Webambiental.

Apartado 5. Cambio climático de ecodocumentación en Webambiental.

Ruta 31. Cambio climático de Rutas Web en Webambiental.

El estudio de gestión de residuos de construcción y demolición y la obligación de separar en obra.

2010-02-28T02:11:00.000-08:00

El pasado 14 de febrero de 2010 entró en vigor la obligación de separar los residuos de construcción y demolición generados en las obras. Esta separación debe hacerse en las fracciones que establece el artículo 5 del Real Decreto 105/2008[1], de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
El Real Decreto 105/2008, crea la figura del productor de residuos de construcción y demolición que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler y del poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma (artículo 2, definiciones).
Entre las obligaciones que se imponen al productor (artículo 4) destaca la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición[2] que se producirán en la obra proyectada, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. También se establece la obligación, en el caso de obras de demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.
En cuanto a la segunda figura establecida por el Real Decreto 105/2008, el poseedor está obligado (artículo 5) a la presentación a la propiedad de la obra de un plan de gestión de los residuos de construcción y demolición[3] en el que se concrete cómo se aplicará el estudio de gestión del proyecto, entregarlos a gestor autorizado sufragando su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. El poseedor tiene, igualmente, la obligación de separar los residuos de construcción y demolición en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón: 80 Tm.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 Tm.
Metal: 2 Tm.
Madera: 1 Tm.
Vidrio: 1 Tm.
Plástico: 0,5 Tm.
Papel y cartón: 0,5 Tm.
De las anteriores obligaciones se excluye a los productores y poseedores de residuos de construcción y demolición en obras menores de construcción y reparación domiciliaria, como consecuencia de la consideración jurídica de residuo urbano, estando, por ello, sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales.
La obligación de separar los residuos de construcción y demolición en fracciones, una vez que se superen las cantidades anteriores, es matizada por la disposición final cuarta que señala que esta obligación será exigible a obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, el 14 de febrero de 2010. Para las grandes obras que generaran el doble de esas cantidades la obligación de separar fue exigible desde el 14 de agosto de 2009.
En la mayor parte de los municipios se obliga al productor a constituir una fianza relacionada con la cantidad de residuos que se prevén se generarán en la obra. El Real Decreto 105/2008 esta obligación en su artículo 4.d, estableciendo que es obligación en el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
La base para el cumplimiento de las obligaciones de prevención y de separación de residuos y para calcular la fianza que se ha de depositar, es la adecuada redacción del estudio de gestión y su adaptación en el plan de gestión. Para la redacción del estudio el artículo 4 obliga a una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de demolición que se generarán en la obra. Igualmente exige que sean codificados con arreglo a la lista europea de residuos.

La adecuada estimación de la cantidad de residuos es fundamental no sólo para prever la medidas de separación de los residuos en obra, sino para la valoración de costes y sobre todo para obtener la devolución de la fianza que hay obligación de depositar en numerosos ayuntamientos para la obtención de las licencias de obra. La fianza se exige en estos ayuntamientos multiplicando una determinada cantidad, que se suele actualizar anualmente, por el número de toneladas de residuos que se han previsto en el estudio de gestión. Una vez acabada la obra, para poder obtener la devolución de la citada fianza, se tendrá que presentar justificante de que dichas cantidades han sido gestionadas por gestores de residuos autorizados (por ejemplo facturas de entrega en vertedero de inertes). Si existe una importante diferencia entre la producción estimada en el estudio y la cantidad justificada con facturas y documentos de los gestores de residuos, tendremos dificultad para recuperar la cantidad de dinero depositada. En muchos ayuntamientos se acepta como máximo una diferencia de un 25%.

Siendo importante, por tanto, la adecuada estimación de la cantidad de residuos, el Real Decreto 105/2008 se puso en marcha sin que el Ministerio de Medio Ambiente elaborara una guía para la redacción del estudio. Las Comunidades Autónomas apenas han generado información estadística sobre el peso y el volumen de los residuos que se suelen producir en la obra y mucho menos separados por las diferentes clases que establece la lista europea de residuos. Algunos estudios estadísticos se han elaborado en la comunidad de Madrid y Castilla la Mancha, pero sobre todo destaca el esfuerzo estadístico y metodológico desarrollado por Cataluña. En estas circunstancias, la mayor parte de los profesionales utilizan para la redacción del estudio de gestión de residuos y del plan de gestión de residuos la metodología y la estadística contenidas en las Guías[4], elaboradas por la Generalitat Catalana para dar cumplimiento al Decreto 201/1994, de escombros y residuos de la construcción -DOGC nº 1931, de 8-8-94, modificado por Decreto 161/2001, DOGC nº 3414, de 21-6-01. Alternativamente, una buena parte de los profesionales suelen utilizar la sencilla metodología propuesta por el Consejo General de Colegios de Arquitectos de España.

Para más información:

Apartado 8. Residuos de legislación online en Webambiental.

Apartado 1.5. Residuos y suelos contaminados de ecodocumentación en Webambiental.

Ruta 17. Residuos de Rutas Web en Webambiental

[1] Véase el texto de esta disposición en esta Web en legislación online apartado 8.2.2.
[2] Véase en esta Web en legislación online apartado 8.3. la Guía para la redacción del estudio elaborada por la Junta de Residuos de Cataluña.
[3] Véase en esta Web en legislación online apartado 8.3. la Guía para la redacción del plan elaborada por la Junta de Residuos de Cataluña.
[4] -Véase la Guía en la dirección: http://www.arc-cat.com/es/agencia/publicacions/decret/
-Véase en esta Webambiental en legislación onLine apartado 8.3, la Guía para la redacción del estudio elaborada por la Junta de Residuos de Cataluña.

EMAS Global. Retos y oportunidades.

2010-02-19T04:58:00.000-08:00

El pasado 11 de enero de 2010 entró en vigor Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (DOUE número 342 de 22-12-2009, páginas 1 a 45), conocido como EMAS III o EMAS global(1), que deroga el anterior Reglamento 761/2001.

Entre las mejoras introducidas destacan las medidas para alcanzar una reducción de cargas y costes, la posibilidad de agrupar los registros de una organización con centros localizados en distintos países en un único registro corporativo (articulo 3.2), así como la simplificación del uso del logo y la decidida apuesta por la promoción, exigiendo a los estados miembros que asistan a las organizaciones sobre los requisitos legales que han de contemplar o que estimulen la creación de asociaciones de promoción del EMAS. En relación con este ultimo aspecto es destacable la creación de Club EMAS en diversas Comunidades Autónomas a partir del primero creado, en junio de 2006, en Cataluña.

El EMAS Global permitirá la participación de organizaciones o centros ubicados fuera de la Comunidad Europea (articulo 3.3), una posibilidad de gran importancia para las empresas europeas con centros productivos o relaciones comerciales con los denominados terceros países, países situados fuera de la Unión Europea. Los procedimientos para hacer efectiva esta incorporación serán puestos en marcha por los organismos competentes de los estados miembros y entidades de acreditación antes del 11 de enero de 2011.

Durante los 17 años de historia, el EMAS ha pasado de estar restringido a organizaciones del sector industrial (EMAS I) pasando por estar abierto a cualquier organización (EMAS II) a terminar aceptando organizaciones en terceros países (EMAS III).

La decidida apuesta del EMAS III por la promoción deriva del hecho de que siguen siendo escasos los centros registrados en Europa. En España, segundo país con mayor número de EMAS después de Alemania, eran 1475 (2) a enero de 2010 frente a los 16500 con la certificación ISO 14001 a principios de 2009.

La Norma ISO 14001 había sido puesta en marcha en 1996 y revisada en 2004, para la implantación y certificación de SGMA. Los requisitos exigidos por el EMAS (artículo 4 del Reglamento) son, a grandes rasgos, iguales que el procedimiento establecido por la Norma ISO 14001. En los dos casos hay que implantar un SGMA. Las diferencias más importantes consisten en que el EMAS exige elaborar una declaración medioambiental y hacerla pública. En ella se han de reflejar los compromisos ambientales que la organización se traza como objetivos y es imprescindible el cumplimiento, con carácter previo, de toda la legislación ambiental que le sea de aplicación a la organización. Una importante ventaja respecto a la Norma ISO 14001 es que el EMAS cuenta con un logotipo de la marca registrada a nombre de la administración ambiental europea.

La certificación de un SGMA según la Norma ISO 14001 no requiere la intervención de la Administración (los certificadores son empresas y organizaciones de carácter privado) mientras que en el EMAS es el organismo competente, es decir la administración ambiental del Estado miembro (Departamento de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomasa (3) y Ministerio de medio Ambiente con carácter subsidiario) la que revisa si se cumplen las condiciones y la que decide incluir o no a una organización en el Sistema EMAS.

La mayor dificultad del EMAS que obliga a demostrar el cumplimiento de la normativa, la exigencia de hacer públicos los objetivos y su grado de cumplimiento, la necesaria intervención de la administración ambiental que contempla entre sus funciones las de inspección, control y sanción y la existencia entre las empresas de una cultura de la certificación, con las experiencias positivas de la certificación de calidad (familia de Normas 9000) explicarían, a mi modo de ver, la ventaja de la ISO 14001 en cuanto al numero de centros que optan por esta opción para su SGMA.

Para una promoción efectiva del EMAS hay que superar el reto de que a pesar de ser mas exigente, y con costes económicos parecidos que la ISO 14001 no destaca en ventajas.
En este sentido en España, en el año 2006 el Ministerio de Medio Ambiente, con objeto de recabar información de utilidad para realizar propuestas de modificación del entonces vigente Reglamento 761/2001 (4), consulto a 300 de los principales actores implicados en el EMAS, de los cuales 265 fueron organizaciones registradas. En este trabajoa (5) hecho público por el Ministerio a través de su Web, el 93% de los encuestados percibían, por la escasa difusión realizada, un insuficiente reconocimiento del Reglamento EMAS por parte de las administraciones públicas y el público en general. Y echaban en falta unas verdaderas ventajas establecidas a favor de las organizaciones registradas en el EMAS.

Por ejemplo una de las ventajas competitivas más claras debía ser la derivada de una valoración del EMAS en los concursos de obras y suministros de las administraciones públicas. Sin embargo, aunque las primeras iniciativas en España se realizaron por el Ministerio de Medio Ambiente en 1997, no se ha generalizado a la mayor parte de departamentos del conjunto de las Administraciones.

Por otra parte, son pocas las disposiciones de carácter general que hasta el momento han establecido otro tipo de ventajas, como el exención de la presentación de determinada información periódica (declaraciones anuales de residuos, envases, emisiones, etc) o de determinados controles (certificados periódicos de entidades colaboradoras, renovación de autorizaciones, etc.) y sobre todo faltan las que establezcan ventajasa (6) fiscales.

Otra de los problemas que señalaban las organizaciones encuestadas es el elevado coste económico que supone la implantación del SGMA y sobre todo los costes de verificación validación y mantenimiento y la falta de recursos para las PYMES.

En nuestro país, aunque existen ayudas en muchas Comunidades Autónomas, principalmente a través de los institutos de fomento dentro de las líneas de ayuda a implantación de sistemas de gestión de la calidad, hay que señalar el elevado coste de la contratación de los servicios de verificadores medioambientales acreditados.

En mi opinión los elevados costes de verificación, validación y mantenimiento se deben en gran medida a toda una serie de circunstancias (7) que han llevado a la existencia de un reducido número (diez) de verificadores medioambientales acreditados (durante muchos años sólo existió uno, la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR) que probablemente no sea la situación más favorable para una auténtica competencia y, en consecuencia, una reducción de precios.

En relación con los costes de verificación validación y mantenimiento hay que destacar que el nuevo Reglamento prevé un mecanismo alternativo a la acreditación de verificadores, la autorización (artículo 20) y por otra parte permite claramente los verificadores medioambientales que son personas físicas y realizan actividades de verificación y validación individualmente (artículo 21).

Por último, es destacable entre las opiniones mayoritarias reflejadas en el estudio citado la desventaja que supone una marca de excelencia ambiental, que requiere una enorme carga documental y excesiva burocracia. Sin embargo, esta es una dificultad que lastra en general todos los sistemas de gestión medioambiental que han tomado como base el esquema procedimental y formal que suponen las Normas ISO. Véase en la wiki de esta Web “La oportunidad perdida, un EMAS con escasos requerimientos burocráticos y autocertificación”.

En este sentido, el nuevo reglamento EMAS III recoge la situación de las pequeñas organizaciones (artículos 7 y 26) en relación con la reducción de carga burocrática y auque no se aplica un giro radical plantea medidas de interés en especial las referidas a la asistencia técnica para la implantación del SGMA. Algunas Comunidades Autónomas han desarrollado sistemas de gestión certificables que constituyen, a modo de tercera vía, una alternativa a la creada por la ISO 14001 ó el EMAS. Este es el caso del País Vasco con el Sistema Certificable de Gestión de la Mejora Ambiental, EKOSCAN con una importante asistencia técnica y apoyo a las organizaciones que se deciden a implantarlo. Son también destacables, en este sentido, las iniciativas de adecuación ambiental a través de acuerdos voluntarios puestas en marcha por la Comunidad Autónoma de Murcia a finales de la década de los años 90.

(1) Sistema Comunitario de gestión y auditoría medioambiental, también conocido mediante las siglas del titulo simplificado en inglés EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
(2) Por comunidades autónomas destacan Cataluña y Madrid y por sectores el de alojamientos turísticos con la inestimable ayuda de la empresa Paradores nacionales que cuenta con 73.
(3) Hasta el momento son 14 los organismos competentes designados por comunidades autónomas, la Rioja y Extremadura no lo han designado y Asturias esta en tramite. El Ministerio de Medio Ambiente es organismos competentes para aquellas organizaciones que no tengan una clara asignación territorial por ejemplo Red eléctrica y con carácter subsidiario para las organizaciones ubicadas en las comunidades autónomas, de la Rioja y Extremadura.
(4) Reglamento 761/2001. Articulo 15.1 La Comisión procederá a revisar el EMAS a la luz de la experiencia adquirida en su funcionamiento y de los acontecimientos internacionales antes de transcurridos cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y, en caso necesario, propondrá al Parlamento Europeo y al Consejo las modificaciones oportunas.
(5) Estudio de opinión relativo al proceso de revisión del Reglamento CEE nº 761/2001 (EMAS). Ministerio de Medio Ambiente, junio 2006. Véase en CD-ROM enlace Web en el capítulo 18 de apartado de recursos Web.
(6) Véase en la wiki de esta Web el “Cuadro de ventajas recogidas por la legislación básica y de Comunidades Autónomas” en el que se relacionan las ventajas concretas establecidas en cinco leyes de ámbito estatal y 6 de comunidades autónomas.
(7) A mi modo de ver entre las circunstancias que han llevado a un reducido numero de verificadores acreditados y en consecuencia precios de verificación, validación y mantenimiento elevados, se pueden citar:

las dificultades impuestas por el Real Decreto 2200/1995 a la creación de entidades de acreditación de verificadores medioambientales en las Comunidades Autónomas (constitucionalmente las únicas verdaderamente competentes), lo que ha llevado a la existencia de una sola entidad de acreditación, la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC (aunque sólo con carácter subsidiario hasta que las Comunidades Autónomas se decidan a crear sus propias entidades de acreditación).

Obstáculos a la existencia de verificadores sin personalidad jurídica (profesionales expertos conocedores de determinados sectores de actividad empresarial) que, sin embargo, si han sido acreditados como verificadores medioambientales en otros países miembros de la Unión Europea, como Alemania.

Dificultades burocráticas que han de superar los verificadores medioambientales acreditados en otros países miembros cuando son requeridos para verificar el sistema y validar la declaración medioambiental de una organización española que desea inscribirse en el EMAS.

Para más información:

Apartado 18. Sistema comunitario de ecogestión y auditoria medioambiental (EMAS) de legislación online en Webambiental.

Apartado 2.1.2. Sistema EMAS de ecodocumentación en Webambiental.

Ruta 33. Ecocertificación EMAS de rutas ambientales en Webambiental.

La etiqueta ecológica europea ya incluye los alimentos y bebidas

2010-02-16T05:05:00.000-08:00

Las etiquetas ecológicas son, al igual que la certificación y verificación ambiental (ecocertificación), un instrumento voluntario de mercado al servicio del medio ambiente. Ambas constituyen, junto al mecenazgo, los grandes instrumentos del llamado “marketing verde”.
La etiqueta ecológica es el distintivo ambiental destinado a los productos y servicios, mientras que la certificación o verificación de los Sistemas de Gestión Medioambiental según el sistema comunitario de ecogestión y auditoria medioambiental EMAS o según Norma ISO 14001, es el distintivo ambiental destinado a las organizaciones.

El pasado 19 de enero entró en vigor un nuevo reglamento(véase apartado 19.1.1 de legislación on line en webambiental.es) que intenta hacer más eficaz la etiqueta ecológica europea “Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la UE” (DOUE número 27 de 30/1/2010, páginas 1 a 19).

La existencia en algunos países europeos de etiquetas ecológicas (1) o distintivos ambientales para productos y, sobre todo, la expansión del Ángel Azul en Alemania impulsó, en 1992, el nacimiento de una etiqueta ecológica de ámbito europeo (2) cuya finalidad era evitar que los ecoetiquetados de carácter nacional acabasen entorpeciendo la libre competencia.

La etiqueta ecológica europea desde su regulación inicial en 1992 hasta la contenida en vigente Reglamento (CE) nº 66/2010 se basa en las siguientes características:

Con carácter previo se definen criterios ecológicos basados en el análisis de ciclo de vida. Estos criterios para cada producto o servicio susceptibles de obtener la etiqueta ecológica se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea en forma de Decisiones como desarrollo al Reglamento. El nuevo Reglamento exige que se tomen en consideración para definir estos criterios, entre otros, el impacto sobre el cambio climático.

Las empresas u organizaciones interesadas en obtener la etiqueta ecológica han de demostrar el cumplimiento de los citados criterios ante los organismos competentes.

Los organismos competentes para conceder la etiqueta ecológica europea son designados por las administraciones ambientales de los países miembros. En nuestro país, esta designación corresponde a las Comunidades Autónomas (en la mayor parte, el organismo competente es el departamento de calidad ambiental de la consejería responsable en materia de medio ambiente).

La concesión de la etiqueta ecológica supone la utilización, en las condiciones establecidas por el organismo competente, del logotipo identificativo que se recoge en el Anexo V del Reglamento (el logotipo elegido es una margarita).

Desde su inicio en 1992 la etiqueta ecológica europea estuvo excluida para alimentos y bebidas. La principal novedad que aporta el nuevo Reglamento es que esta abierta (artículo 2) a todo bien o servicio

(3). De esta forma los productos agrarios, incluidos los de la pesca y la acuicultura, pasarían a estar entre los productos para los que los productores pueden solicitar la etiqueta ecológica. La complejidad de esta integración lleva al Reglamento 66/2010 a establecer en su artículo 6 un periodo de estudio “la Comisión deberá ultimar un estudio, a más tardar el 31 de diciembre de 2011, para investigar la viabilidad de establecer unos criterios fiables que cubran el comportamiento ambiental durante la totalidad del ciclo de vida de los productos, incluidos los de la pesca y la acuicultura. Este estudio debe prestar especial atención al impacto que cualquier criterio de etiqueta ecológica de la UE pudiera tener en los alimentos y piensos y en los productos agrarios no procesados incluidos en el ámbito del Reglamento (CE) no 834/2007. El estudio debe considerar la opción de que únicamente puedan acogerse a la etiqueta ecológica de la UE los productos certificados como ecológicos, para evitar confusión entre los consumidores”.

Por otra parte, en mi opinión, uno de los factores limitantes del éxito y popularización de la etiqueta ecológica europea es que ésta no puede utilizarse en productos para los que no se hayan aprobado criterios ecológicos y estos se producen lentamente (en los 18 años de existencia solo se han establecido para 26 grupos de productos). En un mercado tan dinámico como el de la alimentación donde las grandes cadenas de supermercados están ya pidiendo a los productores de los productos expuestos en sus estanterías que suministren información sobre las emisiones de CO2 (huella de carbono) para cumplir con las exigencias del consumidor, el lento procedimiento de definición de criterios ecológicos de la etiqueta ecológica europea puede impedir que se aproveche la fuerza del mercado en beneficio del medio ambiente y de los productores que están dispuestos a realizar esfuerzos ambientales mas allá de lo exigido por la legislación ambiental en vigor.

Para más información:

Apartado 19. Normativa en materia de etiquetas ecológicas de legislación online en Webambiental.

Apartado 2. Medio ambiente como ventaja competitiva: ecocertificación, ecoetiquetado y marketing verde de ecodocumentación en Webambiental.

Apartado "Instrumentos de mercado y marketing verde" de Rutas web en Webambiental.

(1) El país con más experiencia en el campo del ecoetiquetado es Alemania. En 1977 puso en funcionamiento el llamado “Ángel Azul”, cuyo logotipo está basado en el Ángel de Río de Janeiro utilizado también por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Otros países dentro y fuera del ámbito comunitario han desarrollado sistemas de etiqueta ecológica. Canadá creó “La elección ambiental” en 1988; su etiqueta es una hoja de arce formada por la cola de tres palomas. Japón estableció al año siguiente su “Eco-Mark”, más conocido como “brazos cruzados”; el logotipo representa el globo terráqueo rodeado por unos brazos. En 1990, Noruega comenzó a emplear el “Cisne Blanco” que fue creado por el Consejo Nórdico (Suecia, Finlandia e Islandia lo utilizan). En EE.UU. funciona el sistema “Sello Verde” y otra ecoetiqueta, la “Cruz Verde”. En Francia ya existe la marca “NF-Environnement”. Hay además una larga lista de países tales como: Austria, Suiza, N. Zelanda, Australia, India, Corea, etc que han establecido sistemas semejantes.
En España, además de la etiqueta ecológica europea, se han creado otras por las Comunidades Autónomas. La más conocida es la creada por la Generalitat de Cataluña denominada “Distintivo de Calidad Ambiental”.

(2) En 1992 la Unión Europea aprobó el Reglamento CEE 880/92, relativo a un Sistema Comunitario de Concesión de Etiqueta Ecológica que fue revisado por el Reglamento (CE) nº 1980/2000 que ha sido derogado por el Reglamento (CE) nº 66/2010.

(3) Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará a todo bien o servicio suministrado para distribución, consumo o utilización en el mercado comunitario, ya sea mediante pago o de forma gratuita (denominado en lo sucesivo «producto»).

La agricultura un sumidero de CO2

2010-02-12T05:49:00.000-08:00

Hasta ahora habían sido trabajos aislados y puntuales los que venían a demostrar que la agricultura puede tener un balance positivo de CO2 comportándose como un sumidero. En este sentido se manifestaron los científicos, técnicos y expertos convocados por la AEFAO (Asociación España-FAO) en Madrid el 6 de mayo de 2009 para ayudar a contestar la cuestión: ¿puede incluir la futura PAC ayudas a la agricultura por su función de sumidero de CO2?, presidida y moderada por D. Jaime Lamo de Espinosa, Catedrático UPM. Entre sus conclusiones señalaban que “Deducido el CO2 desprendido en su realización (labores y operaciones culturales, fabricación de abonos y fitosanitarios, producción de semillas, etc.), los cultivos agrícolas deben considerarse auténticos sumideros de CO2. El resultado neto de su efecto sumidero puede variar entre 2 a 4 t/ha en los cereales de invierno en secano y 5 a 10 t/ha en los cultivos de regadío.”

En la Feria Internacional Fruit Logística, en Berlín, el 4 de febrero de este año, la Comunidad Autónoma de Murcia ha hecho pública la iniciativa “Agricultura murciana como sumidero de CO2” con la que pretende comunicar al concienciado consumidor europeo la apuesta de los productores agrícola de la Región de Murcia por colaborar en la mitigación del cambio climático.

La iniciativa contempla la certificación por terceras partes, por verificadores internacionales que apoyarán la validez y transparencia de los datos que, por otra parte, cualquier consumidor podrá consultar a través de la página web de la Iniciativa (www.lessco2.es).

Para la presentación la Comunidad Autónoma ha realizado un estudio sobre una parte del regadío murciano 117.000 hectáreas que afectan a 15 de los cultivos más importantes para el mercado europeo, mostrando un balance positivo de todos ellos una vez descontadas las emisiones necesarias para su obtención (laboreo, abonado, riego y transporte).

Con los datos presentados, las hectáreas de cultivos estudiadas generan, en su conjunto, un balance positivo de CO2, incluso poniendo los productos en Alemania, a 2.000 kilómetros de distancia de más de un millón de tonelada.

La Región de Murcia, pequeña en extensión y población es, sin embargo, una potencia agrícola ya que exporta el 20% de las frutas y verduras de España. Con esta iniciativa, la Región de Murcia abre un camino de enorme interés, no solo ofreciendo una ventaja competitiva a las empresas exportadoras sino contribuyendo con sus investigaciones a concretar la capacidad de sumidero de los cultivos agrícolas y en consecuencia favoreciendo la futura concepción de políticas que lleven a compensar a los agricultores por los beneficios ambientales que estos producen. Esto es especialmente importante en un momento en el que se puede estar planteando la revisión de la Política Agraria Común (PAC) y dentro del ámbito nacional en un momento en el que el anteproyecto de Ley de economía sostenible en su artículo 109 señala que las administraciones públicas incentivarán la participación del sector privado en el aumento de la capacidad de captación de carbono de los sumideros españoles.

Este artículo, junto al 110 que incluye a los programas agrarios de reducción de CO2 junto con el sector forestal entre los sistemas que pueden compensar emisiones, podría generar en el futuro un flujo monetario que compensara, aunque solo fuera en parte el importante papel que la agricultura desempeña en cuanto a la eliminación de CO2 de la atmósfera.

Cómo contribuir desde el urbanismo a la mitigación del cambio climático.

2010-02-11T04:46:00.000-08:00

“la batalla por la sostenibilidad se ganará o perderá en las ciudades” Maurice Strong, Secretario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Río de Janeiro 1992.

La mayor parte de la población se concentra en las ciudades, por lo que los esfuerzos para hacer frente al cambio climático se han de canalizar, en gran medida, a través de acciones que se diseñen y se promuevan para las actividades desarrolladas en la ciudad. Las posibilidades que ofrece la eficiencia energética en las ciudades, especialmente en el ámbito de la edificación, es importante. Pero sin duda, el elemento clave lo constituye el diseño de nuevas políticas de transporte. Estas políticas están condicionadas por el modelo urbanístico los modelos más eficientes son los de “ciudad compacta” que suponen mayores densidades de población y mayores mezclas de funciones y actividades que minimizan las necesidades de transporte.

En nuestro país, en los últimos años se ha impulsado un modelo urbanístico de ciudad difusa y se han propiciado crecimientos importantes en superficie en la periferia de las grandes ciudades, localizando centros de actividad y consumo que están generando una elevada movilidad obligada.

Además de reducir las necesidades de transporte en base a una adecuada planificación urbanística, es necesario trasladar a corto plazo los flujos de movilidad dependientes del transporte privado al transporte público o a los desplazamientos a pie o en bicicleta y sus múltiples combinaciones.

El transporte colectivo, tanto público como privado, presenta enormes ventajas en términos de ecoeficiencia, sin embargo si no esta concebido en el planeamiento urbanístico se requieren largos trabajos de planificación y de inversión. De la misma forma, otros medios de desplazamiento alternativos, como la bicicleta o a pie, dependen igualmente de la concepción del plan urbanístico.

El proceso o camino hacia la sostenibilidad urbana, su adaptación a una economía baja en carbono y su preparación para aguantar los impactos del cambio climático, exige la difusión de los modelos y criterios mas ecoeficientes y sostenibles. Son muchos los esfuerzos que se vienen realizando. En este sentido se puede citar la reciente publicación del informe “Cambio Global España 2020/50. Programa ciudades”.

Son sin embargo necesarios criterios normativos. La normativa vigente es insuficiente para cubrir el amplio espectro de criterios ambientales necesarios para la evaluación ambiental del planeamiento urbanístico. Los planes con su modelo de ciudad son los que hipotecan o permiten el camino hacia la sostenibilidad urbana y la preparación para el cambio climático, por esta razón es imprescindible la difusión y al menos la recomendación por las administraciones competentes si no es posible la incorporación a la normativa, de los modelos y criterios mas ecoeficientes y sostenibles.

Desde el 22 de diciembre de 2009 al 18 de enero de 2010 el Ministerio de Medio Ambiente ha sometido a información pública una nueva estrategia de sostenibilidad urbana con el nombre Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local. En nuestro país, el Ministerio de Medio Ambiente hizo público a finales de 2007 la “Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano” (El 14 de enero de 2008 una nota de prensa del Ministerio de Medio Ambiente señalaba que el Consejo de Ministros había aprobado la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano). Ambos documentos pueden consultarse mediante los siguientes enlaces a la página Web del Ministerio de Medio Ambiente o bien a través de esta misma Web.

Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)

Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano

La introducción de criterios ambientales en el planeamiento urbanístico para la lucha contra el cambio climático y en definitiva para la sostenibilidad, si inicialmente no vienen recogidos en el proyecto de plan se puede obligar a su incorporación a través del procedimiento de Evaluación Ambiental de Planes. En este procedimiento, los funcionarios de medio ambiente tienen, a veces, difícil defender criterios de movilidad sostenible y arquitectura bioclimática si éstos no vienen recogidos en la normativa vigente.

En el artículo de Wiki Gestión Ambiental sobre “SOSTENIBILIDAD URBANA Y CAMBIO CLIMÁTICO. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES URBANÍSTICOS” se hace un análisis sobre las fuentes de criterios y cuales de ellos tienen carácter normativo.

Por todas estas razones, aunque lo ideal es que los criterios que han mostrado su eficacia deberían haberse incorporado en disposiciones de carácter general, a falta de ellas debemos considerar como bien venido los documentos que se limitan a hacer recomendaciones como la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local.

Para más información:

Apartado 4. Desarrollo sostenible y 5. Cambio climático en ecodocumentación de Webambiental

Apartado 2. Desarrollo sostenible. Documentos de referencia y apartado 12. Cambio climático en legislación online de Webambiental

Compensación voluntaria de emisiones de CO2 en la ley de economía sostenible

2009-12-20T03:36:00.000-08:00

Junto a las grandes políticas internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se están desarrollando numerosas acciones que llaman a colaborar en la reducción individual de emisiones. La idea es que cualquier organización y cualquier ciudadano pueden tener con sus pequeñas decisiones, en relación con los modos de producción y consumo, una destacada influencia en el balance final de las emisiones.
Muchas veces después de hacer un esfuerzo en reducir las emisiones, éstas ya no se pueden reducir más a corto plazo hasta que, por ejemplo, existan alternativas tecnológicas o se puedan dar las circunstancias que permitan no emitir CO2. Para estas situaciones, se pueden equilibrar, en cierto modo, parte de las emisiones que podemos haber generado. Se trata de la compensación voluntaria de emisiones.

La compensación esta basada principalmente en la implantación de sumideros de CO2 mediante reforestación(1) o custodia del territorio para mantener su capacidad de absorción o en la generación de proyectos de energías alternativas que permiten incrementar la ecoeficiencia.
La compensación de emisiones es promovida por varias organizaciones de Europa y Estados Unidos. En España, con la excepción de la Administración Ambiental de la Comunidad Autónoma de Murcia(2) son las organizaciones no gubernamentales las que han puesto en marcha iniciativas para incentivar la compensación de emisiones de empresas, instituciones y particulares. Dos de las más conocidas son las impulsadas por CeroCO2(3) y Ekopass(4). Estas Organizaciones en su página Web ofrecen información para que se pueda calcular el volumen de emisiones producidas, señalan consejos para reducirlas y ofrecen la posibilidad de poder compensar las que no pueden reducirse.
Todas las iniciativas de compensación de emisiones funcionan de forma semejante. Tras entrar en su Web y realizar las sencillas operaciones de cálculo que nos permiten estimar nuestras emisiones, se nos ofrece la posibilidad de compensarlas de manera parcial o total. Para compensar una tonelada de CO2 se requiere aportar 10 euros. La organización entrega a la empresa o al particular un certificado que acredita esa compensación. Un ciudadano podría compensar totalmente sus emisiones anuales con unos 100 euros.
Con el dinero recaudado, las entidades que ofrecen sistemas de compensación colaboran en la ejecución de proyectos, principalmente en países en vías de desarrollo, que suponen una absorción neta o una reducción de emisiones. En concreto CeroCO2 desarrolla proyectos de transferencia de tecnologías limpias y de captación de carbono en América Latina, como planes de reforestación o construcción de centrales minihidráulicas. Por su parte, Ekopass lo hace principalmente a través de la ONG africana Green Belt Movement, liderada por la Premio Nobel de la Paz 2004 Wangari Maathai, para diversos proyectos de reforestación y promoción de la mujer en Kenya.
Pero no todas las compensaciones de emisiones que se anuncian lo hacen en forma de proyectos enmarcables o semejantes a los mecanismos de desarrollo limpio definidos en el Protocolo de Kyoto, que exige sean implantados en países en vías de desarrollo. Una marca de coches, por ejemplo, anuncia que por cada automóvil que venda de un determinado modelo, plantará 17 árboles en la sierra de Alcaraz en Albacete, lo que compensará el CO2 que emita el coche en sus primeros 50.000 kilómetros. Una institución bancaria anuncia que si el cliente acepta recibir la información sobre sus fondos en formato distinto al papel además de ahorrar papel premiara la actitud contribuyendo a reforestar las zonas afectadas por los incendios de 2005 en Guadalajara colaborando con la Fundación Apadrina un Árbol.
Desde que el Vaticano adoptó en 2006 un bosque de 17 hectareas en Hungría para compensar sus emisiones son numerosas las iniciativas de todo tipo, desde Google que compensa con árboles la utilización de búsqueda en pantalla negra ahorradora de energía, hasta una cadena de alimentación que compensa las emisiones de sus supermercados, pasando por el mecanismo ideado por una empresa de seguros que corre con el 90% del coste de la compensación de las emisiones del vehículo objeto de la póliza.
Por otra parte, diversas voces críticas han cuestionado la transparencia de los mecanismos de compensación de emisiones. Dada la disparidad de formas de compensación de CO2, que pueden ser más o menos laxas, y puesto que no hay una regulación específica, se debe empezar a crear formas de acreditar esas compensaciones. A nivel estatal no existe un registro para que los ciudadanos puedan conocer qué emisiones se compensan de forma voluntaria y de qué forma.
Por todas estas razones, es de gran importancia la propuesta contenida en el artículo 110 del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, cuyo borrador fue aprobado en Consejo de Ministros de 27 de noviembre de 2009 en el que se desarrolla la compensación de emisiones.
"Artículo 110. Compensación de emisiones
1. Las empresas y personas físicas que así lo deseen podrán compensar sus emisiones de CO2 a través de inversiones en incremento y mantenimiento de masas forestales, programas agrarios de reducción del CO2 y otros programas que se establezcan por la Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
2. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, previo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, establecerá los criterios de compensación, verificación y obligaciones de mantenimiento e información asociadas, así como las inversiones que se considerarán a efectos de compensación.
3. Esta compensación no será válida a los efectos del cumplimiento de la obligación de entrega anual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión.
No obstante, esta compensación podrá tenerse en cuenta a efectos de lo dispuesto en los artículos 70 y 103 de la Ley 30/2007, de 30 de diciembre, de Contratos del Sector Público”.

El punto 2 del citado artículo señala que es el Ministerio de Medio Ambiente el que establecerá los criterios, pasando, de esta forma, a tener una regulación que hasta ahora no existía. Especialmente importante es, desde mi punto de vista, el que se incluye explícitamente en el apartado 1 como sectores receptores de las inversiones en compensación de emisiones a los programas agrarios de reducción de CO2.

La agricultura, como se ha empezado a demostrar cuantitativamente por el desarrollo de la investigación aplicada llevada a cabo por la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, puede tener para muchos cultivos un balance neto positivo de absorción de CO2, después de descontar las emisiones necesarias para el cultivo, procesado, manipulación e incluso el transporte. Por esta razón, la agricultura que tiene un balance en muchos casos superior a la vegetación natural debe pasar a ser considerada como un sumidero neto de CO2, y, por tanto, formar parte junto a las masas forestales de los sectores receptores de inversiones cuyo futuro comienza ahora con esta compensación y el consiguiente mercado voluntario de CO2.

Por otra parte, este sistema de compensación se pretende que nazca con la posibilidad de incentivos como los recogidos en los artículos 70 y 103 de la Ley de Contratos del Sector Público(5). Por esta razón, es de esperar que las empresas que contraten con la administración y quieran obtener ventajas competitivas con respecto a otros licitadores participaran en este sistema de compensación para obtener los certificados correspondientes, y esto generará un flujo de inversiones dirigidas hacia los potenciales sumideros, es decir, sector agrícola y forestal, principalmente.

(1) Tomando como ejemplo una repoblación forestal, en el área mediterránea, de 1000 árboles ocupando una superficie de 2 hectáreas (densidad 500 plantas/ha) permitiría una compensación directa de entre 5 y 10 tm de CO2 al año. La plantación de 1.000 árboles supone un coste (entre 12 y 13 euros por árbol) de entre 12.000 y 13.000 euros. A esto hay que añadir unos gastos de mantenimiento (tratamientos selvícolas, podas, aclareos, etc.) de 3.000 euros que hay que realizar cada 10 años.

(2) En la Región de Murcia se ha puesto en marcha la iniciativa ‘Responsabilidad Social frente al Cambio Climático (RSCO2)’. Con la iniciativa RSCO2 que adopta la forma de acuerdo voluntario, la Administración Regional pretende que las empresas orienten una parte de su responsabilidad social corporativa a ser solidarias con los ecosistemas de la Región en su preparación y adaptación al cambio climático. Puede consultarse la información relacionada con la iniciativa en la Web: www.rsco2.es.

(3) CeroCO2 es una iniciativa conjunta de las Fundaciones Ecología y Desarrollo y Accionatura, y cuenta con el apoyo puntual de diversas administraciones.

(4) Por su parte, Ekopass es una asociación sin ánimo de lucro promovida por la empresa Naider, especializada en proyectos de desarrollo sostenible, y en la que colaboran las tres cajas de ahorro vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital) y el Ayuntamiento de Vitoria.

(5) Ley 30/2007, de 30 de diciembre, de Contratos del Sector Público (BOE nº 261, de 31-1-07)
Artículo 70. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental.

1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, los órganos de contratación podrán exigir la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión medioambiental, remitiéndose al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales relativas a la certificación.

2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los empresarios.

Artículo 103. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales.

1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.

2. El órgano de contratación que facilite la información a la que se refiere el apartado 1 solicitará a los licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados.

La deducción por inversiones medioambientales en la Ley de Economía Sostenible

2009-12-10T11:12:00.000-08:00

El Consejo de Ministros de fecha 27 de noviembre ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que supone un amplio conjunto de reformas estructurales para favorecer un desarrollo económico sostenible. El borrador dedica el Titulo III a la Sostenibilidad Medioambiental que se desarrolla mediante cuatro Capítulos: modelo energético sostenible, reducción de emisiones, transporte y movilidad sostenible y rehabilitación y vivienda. En este Titulo, y a lo largo de todo el articulado, utiliza con frecuencia los incentivos fiscales rescatando con nuevas orientaciones el destinado a practicar deducciones en el Impuesto de Sociedades por las inversiones en inmovilizado material, uno de los incentivos de mayor utilización en medio ambiente que estaba condenado a desaparecer en 2012.

Esta deducción inicialmente establecida para inversiones en instalaciones destinadas a evitar o reducir la contaminación fue complementada con posterioridad, abriéndose a las inversiones en vehículos de transporte menos contaminantes y en aprovechamiento de energías renovables.

El largo recorrido normativo de esta deducción se inicia con la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, que modificó la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del impuesto de sociedades e introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de deducir de la cuota íntegra del citado impuesto el 10% de las inversiones realizadas en elementos patrimoniales del inmovilizado material destinadas a la protección del medio ambiente. Las bases de la regulación vigente aparecen recogidas en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (BOE nº 61, de 11.3.2004; corrección de errores BOE nº 73, de 25.3.2004). Mediante el Real Decreto 1777/2004, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Sociedades (BOE nº 189, de 6.8.2004), se refunden en un único cuerpo normativo todas las disposiciones reglamentarias. Las deducciones por inversiones medioambientales figuran en los artículos 33 al 38 del mencionado Reglamento.

La última modificación reduce progresivamente la cuantía de la deducción hasta el año 2012. Esta modificación fue introducida por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio (BOE nº 285 de 29/11/2006).

Esta reducción progresiva se justificó en su momento con la necesidad de poner en marcha un planteamiento más global de fiscalidad verde, que incluyera no solo deducciones sino también nuevos impuestos ambientales. Esta misma estrategia dejó aparcada la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán que, con el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios, tomó en consideración el Congreso de los Diputados el 17 de febrero de 2009 (consultar punto 25.1 de la Legislación online de Web Ambiental).

El borrador de Proyecto de Ley de Economía Sostenible en su artículo 112 introduce una nueva regulación de la deducción por inversiones medioambientales en el Impuesto de Sociedades. Esta nueva regulación eleva la deducción al 8% para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2011, eliminando de esta forma la prevista desaparición en 2012. El borrador es más avanzado ambientalmente al exigir para su aplicación el cumplimiento de la normativa vigente en los ámbitos de actuación al que se destinan las inversiones, y que éstas se han de realizar para mejorar las exigencias establecidas en dicha normativa. Esta exigencia que aparece en la vigente ley del Impuesto “para la mejora de la normativa vigente” (artículo 39), había sido matizada por el Reglamento en el artículo 38. 1 a) al permitir que “la inversión se realice para dar cumplimiento a la normativa vigente”. El borrador de Proyecto de Ley de Economía Sostenible mantiene del esquema vigente, la exigencia de que las inversiones estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la Administración competente en materia medioambiental, quienes deberán expedir la certificación de la convalidación de la inversión sin la cual la Administración Tributaria no aceptará las deducciones practicadas (puede consultar INCENTIVOS FISCALES. DEDUCCIONES AMBIENTALES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES del apartado Tramites Ambientales de Web Ambiental).

El borrador de Proyecto de Ley de Economía Sostenible separa la regulación sobre incentivos fiscales para vehículos de transporte menos contaminantes y para aprovechamiento de energías renovables, a los que dedica otras referencias en los correspondientes capítulos del Titulo III, desarrollando especialmente los incentivos en relación con los vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (artículo 126). Por otra parte, la nueva regulación propuesta incluye, entre los sectores de contaminación a los que se dedica la deducción por inversiones ambientales, la contaminación acústica procedente de instalaciones industriales.

Con la proyectada Ley de Economía Sostenible no sólo se anula la reducción progresiva aprobada en 2006 y este incentivo fiscal renace, sino que se mantiene con mayor claridad la exigencia de que las inversiones han de estar destinadas a ir más allá de los límites impuestos por la normativa ambiental. Mantiene, igualmente, la exigencia de pronunciamiento de las administraciones ambientales, lo que es importante ya que éstas, después de la confusión de los primeros años, han conseguido destinar recursos y crear los mecanismos para responder con cierta celeridad y eficacia tanto en el desarrollo de programas, convenios o acuerdos como en la expedición de la certificación de la convalidación de la inversión sin la cual, como hemos señalado, la Administración Tributaria no dará el visto bueno a las deducciones practicadas.

Más allá de una valoración positiva del conjunto algunos de los aspectos de la actual redacción del artículo 112 del Borrador, no se entiende bien cual es su objetivo como el que se restrinjan a instalaciones industriales, cuando, por ejemplo, una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero son aportadas por sectores no industriales o la exclusión que se hace de cualquier otro residuo que no sea industrial (por ejemplo una prensa para embalajes de cartón en el comercio). Igualmente aclarar si la inversión puede no estar exclusivamente destinadas a la protección del medio ambiente, como ya matizó el actual Reglamento en su artículo 36 “Cuando una inversión no tenga por objeto exclusivo alguna de las finalidades previstas en dicho artículo, una vez identificada la parte que guarde relación directa con la función protectora del medio ambiente, la deducción se aplicará sobre la porción del precio de adquisición o coste de producción que el sujeto pasivo acredite que se corresponde con las referidas finalidades”.

Para más información:

RUTA 48. DEDUCCIONES AMBIENTALES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Capítulo 25 "INCENTIVOS FISCALES" de Legislación onLine

Punto 1.10 de ecoDocumentación